En el marco del Día Mundial del Agua activistas y defensores sociales de este derecho exigieron al Congreso del estado que revierta la reforma al artículo 12 Constitucional que abrió paso a los cortes ilegales por parte de Concesiones Integrales, Agua de Puebla.
El defensor, Omar Jiménez subrayó que se deben promover cambios a dicho articulado para que queden prohibidos los cortes de agua y de drenaje pero además deberá agregarse que en caso de reincidencia se inicie de manera oficiosa una carpeta de investigación de tipo penal que no alcance fianza.
Manifestó que al tipificar como delito grave el corte de agua la concesionaria no se atreverá a hacerlos más.
“La concesionaria no llegará al ministerio público porque tendrán que exhibir sus instrumentos notariales y ahí nos vamos a enterar quienes son los verdaderos dueños de la concesionaria”.
Agregó que en caso de que camine una medida así se podrá hacer un llamado a no pagar las tarifas para quebrar a la empresa y se puedan crear comités ciudadanos de agua.
Por su parte, Francisco Castillo Montemayor, ex secretario del Medio Ambiente estatal, enfatizó que ninguna de las cuatro macroplantas que tiene bajo su jurisdicción Agua de Puebla en la capital funciona conforme a la norma establecida por Conagua en 2011 en materia de descargas.
“El agua está en el mercado estatal. Eso ha tenido un impacto ambiental, económico y alterado la paz social en el estado”, expuso.
Acusó que entidades como el SOAPAP, la Profepa y Cofepris son de ornato, en tanto que el gobierno estatal es indolente ante las pruebas científicas en el sentido de que la contaminación del agua está generando muertes y enfermedades.
“Hay estudios sobre las enfermedades que provocan las descargas. A pesar de que existe esto no ha sido suficiente para establecer una estrategia y detener el daño a la población y exigirle al SOAPAP que cumpla con la construcción de las segundas plantas de tratamiento”, indicó.
Por su parte, el activista Gerardo Pérez Muñoz, expuso que desde hace dos años está pendiente una reforma a la Ley General de Agua.
Recordó que fue un compromiso en la campaña presidencial de Morena en el año 2018 que no se ha cumplido.
Sostuvo que también está pendiente una Ley Nacional Antifracking que prohíba esta práctica que contamina y vuelve venenosa el agua de la Sierra Norte.
Hilario Alonso cuestionó la falta de voluntad política por parte del Congreso del estado para echar abajo la concesión con Agua de Puebla, aprobada durante el sexenio de Rafael Moreno Valle.
Manifestó que la actitud pasiva y omisa del Congreso local sea la causa por la cual se mantiene el título de concesión y no se haya actuado para revertir el contrato como sí lo hizo la Ciudad de México.