El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tiene 62 asuntos pendientes de resolver de Puebla, relacionados en su mayoría con supuestas irregularidades en la selección de candidatos, anomalías cometidas por los mismos o revocación de postulaciones, cuando faltan sólo 48 horas, a partir de la mañana de este viernes, para que inicie la elección.
Siete giran en torno a la aspiración de Claudia Rivera Vivanco de reelegirse como presidente municipal de la capital del estado, a través de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT).
De esos litigios, Claudia Rivera promovió cinco para controvertir la sentencia del 28 de abril del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) que la sancionó con una amonestación pública por incurrir en actos anticipados de precampaña, realizar propaganda personalizada y usar indebidamente recursos públicos con fines proselitismo electoral.
Los dos juicios restantes los promovió Gabriel Biestro Medinilla, aspirante a la alcaldía de Puebla descartado por Regeneración Nacional.
Biestro recurrió a la Sala Superior del TEPJF para solicitar que invalide el proceso de selección de Claudia Rivera, luego de que la Sala Regional Ciudad de México, primera instancia del tribunal federal, ratificó esa postulación el 29 de mayo pasado.
Las dos impugnaciones se asignaron a la ponencia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quien tendrá que presentar un proyecto de sentencia que se someterá a votación del pleno.
En el caso de los litigios de Rivera, estos se encuentran bajo revisión de la Sala Regional Ciudad de México, a cargo de los tres magistrados que la integran: Héctor Romero Bolaños, María Guadalupe Silva Rojas y José Luis Ceballos Daza.
Al cierre de la edición, la Sala Superior y la Sala Regional no tenía programa una próxima sesión para resolver los litigios asuntos pendientes.
Otros de los asuntos que esperan sentencia es el del aspirante Juan Severo Chilchoa Paez, quien impugnó la revocación de su candidatura a alcalde de Ocoyucan por Movimiento Ciudadano (MC), así como el juicio que promovieron Gabriel Mariano Pulido González y Raúl Barroso Cruces contra un fallo del TEEP que declaró la existencia de la infracción consistente en uso de recursos públicos con fines electorales.