Tras revelar que la Anuies tiene identificadas a las universidades que participaron en la Estafa Maestra, el secretario general de la Región Centro Sur de esta organización, Adolfo Pontigo Loyola consideró que no deben ser castigadas las instituciones sino las autoridades implicadas en este mecanismo utilizado por varias dependencias federales para el desvío de recursos a través de la contratación irregular de servicios con instituciones educativas.
La Estafa Maestra es el título de una investigación hecha por Animal Político y la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) sobre el mecanismo utilizado por al menos 11 dependencias –entre ellas las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Comunicaciones y Transportes (SCT)– para asignación de contratos de manera ilegal a universidades para realización de servicios, a través de los cuales se desviaron recursos públicos por más de 7 mil 600 millones de pesos.
De acuerdo con la investigación, las universidades implicadas en esta estrategia son la Autónoma de México (UAEM), Autónoma de El Carmen, Autónoma del Estado de Morelos, Popular de la Chontalpa, Juárez de Tabasco, Politécnica del Golfo de México, Tecnológica de Tabasco y el Instituto Técnico Superior de Comalcalco, que en conjunto recibieron una comisión por más de mil millones de pesos.
Al respecto, Adolfo Pontigo aseguró que la Anuies tiene plenamente identificadas “a las tres o cuatro universidades” que participaron en esta maniobra que, con base a la investigación periodística, se llevó a cabo en la presente administración que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto.
“Cada persona es responsable de la expresión de voluntad, y si alguien incumple no es la universidad que no cumple, deja de cumplir la persona y a esa persona se le debe de fincar responsabilidades si las tiene, pero no por dos o cuatro casos, se va a decir que las universidades (están involucradas)”.
Reveló que una de las consecuencias de esta situación es que ahora las autoridades federales buscan imponer contralores internos que vigilen los recursos públicos que son asignados a las universidades e instituciones de educación superior.
“Los recursos que se entregan federales y estatales que se entregan son auditados por la Auditoría Superior de la Federación, al menos en el caso de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, de la cual soy rector”, indicó.
En otro orden, Pontigo Loyola insistió sobre la necesidad de las autoridades gubernamentales realmente apoyen a las instituciones educativas “a efecto de que puedan cumplir con los compromisos básicos, indispensables, y podamos continuar siendo creadores de la esperanza entre las personas”.