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Por el incumplimiento total de la recomendación 02/2018 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), ex policías estatales acreditables que fueron absueltos del delito de secuestros exprés, solicitaron al Congreso del estado su intervención a fin de que el Ejecutivo local cumpla con cada uno de los señalamientos y mandatos del organismo garante.
Este lunes, los ex policías José Jorge López Pérez, Patricia Aguilar Hernández y Gema Clara Badillo Lara acudieron a la sede del Poder Legislativo local para denunciar que el gobierno del estado no ha cumplido a cabalidad con la recomendación, por lo que exigieron su restitución en sus cargos y de paso, les cubran los salarios que han dejado de percibir desde su detención.
Como se recordará, en enero de 2015, siete policías acreditables fueron detenidos por elementos de la Procuraduría General de Justicia del estado debido a que supuestamente cometieron secuestros en su modalidad de exprés. Luego de un proceso legal de dos años, derivado de varias pruebas se demostró que no fueron responsables y que la entonces procuradora Alicia Fragoso Sánchez incurrió en anomalías para mantener su dicho, los ahora quejosos, así como Efrén Rodríguez, Abel Hernández, Juan Carlos Yáñez, Luis Héctor Grande lograron que la CEDH emitiera una recomendación contra el Gobierno estatal.
El ex director de la Policía Estatal Acreditable, José Jorge López Pérez explicó que a cinco meses de que el Ejecutivo local aceptó la recomendación a través de la Secretaría de Gobierno y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), no ha habido avances en el pago completo de gastos médicos ni los salarios de al menos un par de años en que estuvieron bajo proceso, pues solo emitieron una disculpa pública por su detención y señalamientos como partícipes de un secuestro exprés.
En entrevista colectiva, tras presentar su solicitud de intervención a las presidentes de las mesa directiva, Luz Vera Díaz y de la Comisión de Derechos Humanos de la LXIII Legislatura local, Ana Bertha Mastranzo Corona, el ex funcionario explicó que a más de un año de haber recuperado su libertad, los siete ex agentes de seguridad estatal continúan sin poder ser contratados en alguna corporación pública o privada, toda vez que sus nombres continúan apareciendo como procesados en Plataforma México, además de que no han recibido pago alguno por los daños económicos y morales causados.
Lamentó que hasta el momento todo haya quedado en una simple disculpa pública de parte de las autoridades estatales y no existe ni reparación del daño ni apoyo para que “podamos recuperar nuestras vidas”.