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Los consejeros del Instituto Electoral del Estado (IEE) han enfrentado tres amenazas de destitución desde que rindieron protesta de cargo en 2015, al ser acusados por los partidos de oposición en la entidad federativa de operar dos elecciones de gobernador consecutivas para garantizar el triunfo del PAN. Uno de los procesos sigue abierto ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y Morena confía que derive en la remoción de las autoridades comiciales.
El representante del partido de izquierda ante el IEE e impulsor de la queja que sigue en revisión, Juan Pablo Cortés Córdova, anunció que robustecerá la misma con los hallazgos a los que llegó el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) José Luis Vargas Valdez en la revisión de la elección de Puebla, quien concluyó que los consejeros generaron “dudas e incertidumbre en cuestiones fundamentales del resguardo de la documentación electoral”, por debido a “su falta de pericia, profesionalismo, experiencia o de cuidado”.
En ese contexto, tres de los siete consejeros concluyeron su mandato el 3 de noviembre pasado sin enfrentar ningún tipo de sanción y se trató de Claudia Barbosa Rodríguez, Federico González Magaña y Flor de Té Rodríguez Salazar. En tanto, cuatro continuarán al frente del órgano comicial: Jacinto Herrera Serrallonga, Juan Pablo Mirón Thomé, Luz Alejandra Gutiérrez Jaramillo y José Luis Martínez López.
El presidente Jacinto Herrera se mantendrá en su posición hasta 2022, mientras el mandato de Juan Pablo Mirón, Luz Alejandra Gutiérrez y José Luis Martínez finaliza en 2021. De los cuatro consejeros, sobre los dos primeros pesan acusaciones directas de ser parciales en sus decisiones para favorecer a Acción Nacional.
Ante la impugnación que presentó Morena contra el triunfo que declaró el IEE a favor de Martha Érika Alonso en la elección de gobernador, el magistrado de la Sala Superior del TEPJF José Luis Vargas Valdez propuso en el proyecto de sentencia revocar la constancia de mayoría de la esposa del ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas y solicitar al INE los procedimientos de remoción de los consejeros estatales.
“El Instituto Electoral del Estado de Puebla incurrió en diversas irregularidades graves que afectaron el proceso electoral y sus resultados”, concluyó el integrante del máximo órgano jurisdiccional del país.
En el cuerpo del proyecto, Vargas Valdez indicó que las irregularidades se originaron en la “indebida actuación del Instituto local”, además de que “vulneraron el principio de legalidad, pues la guarda y custodia de los paquetes electorales estuvo plagada de irregularidades e inconsistencias, debido a que la habilitación de la bodega electoral no se sujetó en todos sus aspectos a la normativa electoral vigente”.
También señaló un quebranto al principio de certeza, “pues las irregularidades acreditadas no generan certidumbre ni confianza en el resultado obtenido, al estar latente la manipulación de la documentación electoral, particularmente, de las boletas”.
Asimismo, acusó al IEE de entregarle documentación con la que pretendió acreditar la observancia de las directrices para el registro y documentación de accesos y cierre de la bodega electoral, pero en esta documentación el magistrado detectó “inconsistencias y características que permiten generar la sospecha de que dichas constancias fueron fabricadas”.
Criticó que la bodega electoral tenía más de un acceso, la entrada al área de resguardo no estaba sellada, las cámaras de seguridad solo grabaron en doce de los cincuenta y tres días que los paquetes electorales permanecieron en el área de resguardo, se realizaron numerosas diligencias de apertura y cierre de dicha área sin la presencia de los representantes de los partidos políticos, aunado a que el trámite de los recursos de inconformidad tardó hasta 18 días.
El proyecto de José Luis Vargas Valdez contó con el aval de dos magistrados más, pero cuatro lo votaron en contra, incluida la presidente de la Sala Superior, Janine Otálora Malassis, por lo que se ratificó a Martha Érika Alonso como ganadora de los comicios.
Juan Pablo Cortés Córdova aclaró que el desechamiento del proyecto de sentencia no libra a los consejeros del IEE de sanciones, pues el TEPJF concluyó que no existieron elementos suficientes para anular la elección pero jamás se desestimaron los señalamientos de Vargas Valdez contra la autoridad comicial de Puebla.
En esa lógica, indicó que presentará un escrito al INE con las conclusiones del magistrado de la Sala Superior para robustecer la queja que presentó contra los consejeros en julio pasado y que el INE admitió para su revisión en agosto anterior.
La primera amenaza de remoción recayó sobre los integrantes del IEE en la elección 2016 de gobernador, de la que resultó victorioso el panista Antonio Gali Fayad, ex secretario de Infraestructura de Moreno Valle.
La queja la promovieron el PRI, Morena, PRD y la ex candidata independiente a la gubernatura Ana Teresa Aranda Orozco, quienes coincidieron en acusar a los consejeros en poner trabas a su participación en ese proceso comicial, para favorecer al grupo morenovallista.
El 26 de abril de 2016, a mitad de la campaña electoral, el presidente del Consejo General del INE, Lorenzo Córdova Vianello, visitó Puebla para minimizar los señalamientos, al considerarlas una “señal de que el sistema democrático funciona” en el país.
El 24 de febrero de 2017, pocas semanas después de que Antonio Gali rindió protesta de cargo como gobernador, el Consejo General del INE declaró infundada la solicitud de remoción.
“No se encontró ninguna conducta negligente o descuido de los consejeros denunciados, porque si bien los acuerdos o determinaciones fueron modificados por el Tribunal Electoral del Estado, esto no puede servir para crear un juicio de reprochabilidad en contra de los consejeros que aprobaron esto acuerdos y resoluciones”, concluyó el órgano.