Bajo el interés de centralizar los recursos, el senador Manuel Bartlett Díaz aseveró que existen violaciones graves al artículo 105 constitucional por parte de los gobierno peñista y morenovallista, “que abren el camino la dictadura y ponen en riesgo la autonomía en los municipios”.
Esto con el único objetivo de despojar a los municipios de su patrimonio y áreas naturales, para entregarlos a empresas transnacionales.
Los casos son varios, desde las reformas a la Ley de Expropiación y a la Ley Orgánica Municipal, en el estado de Puebla; como las cédulas de identidad, mando único policiaco y estado de excepción a nivel federal.
“Es ridículo que se culpe al municipio. Es mentira que el problema principal sea municipal”, fustigó Bartlett Díaz.
Bartlett Díaz dijo que estas reformas anticonstitucionales son “poco serias” y una “serie de sandeces”, que violan la autonomía municipal.
Como ejemplo citó, en el ámbito estatal, la reforma a la Ley Orgánica Municipal, que deja en la indefensión a las juntas auxiliares con el traslado del servicio del registro civil a las cabeceras locales.
Mientras que en la esfera nacional criticó que el presidente Enrique Peña Nieto reforma siete artículos de la Constitución con el objetivo de crear un “nuevo sistema policial” y legalizar la posibilidad de que la Federación asuma total o parcialmente las funciones municipales.
La declaración fue emitida durante una reunión que el legislador de oposición sostuvo con un grupo de académicos y representantes de organizaciones sociales de diferentes regiones de la entidad, efectuada el pasado viernes en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Puebla.
El encuentro estuvo encabezado por el senador y Aurelio Fernández, director del Centro Universitario de Prevención de Desastres Regionales (Cupreder) e investigadores de este centro de monitoreo del volcán Popocatépetl, como Alejandra López, Argelia Arriaga y Samuel Contreras, además de los investigadores de la UAP Susana Rappo, Sergio Cortés y Alejandra Meza; María Luisa Albores, Álvaro Aguilar y Mayolo Hernández, de la Tosepan Titataniske, así como la abogada Patricia Montaño, artífice de los amparos contra la instalación del gasoducto Morelos, el litigante Carlos Meza Viveros e integrantes de organizaciones de la Sierra Norte y Nororiental de Puebla.
En las reformas constitucionales, que ponen en riesgo la autonomía de los municipios, Bartlett dijo que se trata de cambios “anticonstitucionales” que violan la autonomía municipal, son “poco serios” y una “serie de sandeces”.
Crítico, reclamó al peñismo que con las nuevas reformas ya cuenta con mecanismos para impedir la supuesta infiltración del crimen organizado, no solo a nivel municipal, sino estatal y federal, pero que no se han aplicado.
El ex secretario de Gobernación afirmó que las propuestas de Peña Nieto “nos debieran dar risa si no fuera por lo dramático de la situación. Son una serie de sandeces que no atacan el problema principal. Parece que no se da cuenta de que está en una verdadera crisis”.
El ex gobernador poblano también afirmó que, de aprobarse estas reformas, constituirán un “camino a la dictadura”.
Señaló que el problema de la infiltración del crimen organizado no es solo a nivel municipal.
Lo que propone la iniciativa de Peña Nieto, sostuvo, es “culpabilizar al municipio”.
Recalcó que la cuestión de la inseguridad “no es un fenómeno exclusivo del municipio”, sino que es un problema del Estado mexicano y de los tres poderes de la Unión.
Declaró que las iniciativas de Peña Nieto implicarán decretar el “estado de excepción” y hay confusiones entre conceptos como el “mando único” o “policía única”.
De acuerdo con la iniciativa de reforma del Ejecutivo federal plantea modificaciones a los artículos 21, 73, 104, 105, 115, 116 y 123 de la Constitución para establecer la posibilidad de que la Federación asuma “total o parcialmente” las funciones municipales cuando éstas se encuentren infiltradas por el crimen organizado.
La reforma al artículo 115 precisa que el fiscal general de la República deberá comunicarle a la Secretaría de Gobernación (Segob) cuando advierta “indicios suficientes para considerar que hay una infiltración del crimen organizado”.
De estimarse procedente, la Segob pedirá su aprobación al Senado para que la Federación asuma temporalmente, en forma total o parcial, las funciones del municipio.
La iniciativa también propone facultar al Congreso de la Unión para expedir leyes generales que determinen la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de seguridad pública, así como homologar criterios y procedimientos en la materia.
Los gobiernos,
negocios en turno
En la reunión con los académicos, Bartlett Díaz también expuso que las autoridades en turno, tanto federal como estatal, han hecho un negocio de la forma de gobernar con casos como la innecesaria y onerosa construcción del Museo Internacional Barroco en Puebla.
Refirió que la obra tendrá un costo de 7 mil millones de pesos y estará a cargo de una de las familias de mayor poder en México: los Hank Rhon.
Arguyó que la familia Hank ha tejido una alianza económica con Rafael Moreno Valle para soportar su proyecto transexenal, que consiste en amasar dinero con recursos públicos.
El objetivo –denunció– es financiar la candidatura del gobernador poblano a la presidencia del país.
Por lo tanto, advirtió que el “robo” que se hará en la construcción de dicho museo servirá para la compra de votos durante la elección federal de 2018.
Aseveró que parte de los abusos de poder que se han cometido en Puebla en lo que va del sexenio morenovallista responden a los mismos intereses económicos, detrás de los cuales se encuentran las trasnacionales.
Sostuvo que el proyecto del Museo Barroco se hizo para robar, pues se encuentran en juego “miles de millones de pesos” del erario que se están destinando a proyectos de infraestructura ejecutados por compañías de esa familia.
“Es un programa de financiamiento destinado a utilizar los recursos públicos para el poder plutocrático de este país”, reprochó.
La familia Hank, originaria del estado de México, participa en la privatización del servicio de agua potable que impulsó la actual administración estatal en Puebla capital y los municipios conurbados. También construirá el Museo en mención, a través de la empresa La Peninsular, Compañía Constructora.
La defensa del territorio
desde el Senado
Tanto el senador como los académicos y representantes de organizaciones sociales coincidieron en la necesidad de la defensa del territorio, ante proyectos extractivistas que amenazan no solo a las sierras Norte, Nororiental y Negra de la entidad, sino también al área metropolitana del estado, con casos como el del gasoducto Morelos.
Como ejemplo refirió el caso de la empresa española de generación de energía eléctrica que busca operar el gasoducto, pese a la oposición de las comunidades que se encuentran en las faldas del Popocatépetl.
Alertó que ese tipo de excesos se incrementarán con la aplicación de la reforma energética que Enrique Peña Nieto concretó en su sexenio, afectando directamente a las áreas naturales de la entidad.
“Las empresas trasnacionales estadunidenses y canadienses harán uso de la Constitución y sus leyes secundarias que modificó Peña Nieto para lograr concesiones en el país”, destacó.