El Movimiento Nacional por la Seguridad y la Procuración de Justicia se ha unido a los 30 policías estatales cesados por el gobierno del panista Rafael Moreno Valle, quienes ya preparan una movilización a la capital del país para solicitar la intervención de las autoridades federales en la materia, en caso de que la administración local no les entregue el monto de las liquidaciones que por derecho les corresponden.
A través de un video divulgado por youtube y que se ha viralizado, Paulina Aizpuru Peña, ex agente de Seguridad Vial estatal, realizó un llamado a los policías, custodios y bomberos poblanos en activo a que apoyen su movimiento, recalcándoles que en este momento son una treintena quienes padecen los abusos del Poder Ejecutivo estatal, pero que lo que les está pasando puede sucederle a cualquiera.
“Es el momento compañeros de que levantemos la voz, no importa el tiempo que nos tardemos, pero siempre y cuando lo hagamos de manera firme y no nos rindamos”, expresa la líder.
Agrega que hasta ahora las autoridades estatales de la administración morenovallista les han dicho que no les darán a los rescindidos “ni un peso” y hasta los han instado a que traminten un juicio laboral o recurran al amparo.
“A nosotros nos dijeron que no nos van a dar ni un peso. El día de mañana puedes ser tú y te dirán lo mismo, te dirán que te vayas a juicio o que te ampares, compañero por favor apóyame”, pide la ex agente.
Los uniformados despedidos tienen hasta 25 años de servicio y la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad Estatal les está ofreciendo 19 mil 500 pesos de finiquito, lo que equivale a 780 pesos por año en promedio; es decir, 39 pesos por cada día de trabajo.
Sin embargo, un policía estatal en Puebla gana actualmente entre 8 mil 303 y 9 mil 374 pesos al mes, dependiendo de su categoría, lo que equivale a un sueldo que va de los 277 pesos a los 312 pesos diarios.
Es decir, se le pretende pagar en promedio a cada policía 70 por ciento menos de lo que por ley les corresponde.
No solo eso; en el proceso se han cometido algunas arbitrariedades, como la que padece Paulina Aizpiazu, integrante del Grupo Guardianes, quien no pudo presentar el examen de confianza por encontrarse incapacitada y fue echada al igual que otros 19 de sus compañeros.