El rector de la Universidad Iberoamericana Puebla (UIA), Fernando Fernández Font, advirtió que la libertad que se ha determinado contra Enedina Rosas Vélez y los hermanos Tlachi no debe ser condicionada y se debe restituir en la medida de lo posible el daño que han sufrido esos tres presos políticos por haber sido acusados de delitos que no cometieron.
Entrevistado el pasado viernes, durante el marco de la inauguración de la Sala de Juicios Orales de la Licenciatura en Derecho, el sacerdote jesuita expresó:
“Yo vuelvo a insistir en que este país no va a mejorar mientras la impartición de justicia no esté basada en la honestidad, en la verdad y el interés público. Me parece que ha sido un buen paso saber que han sido liberados. Da mucha pena y mucha tristeza que hasta después de cinco o seis meses no tienen ninguna acusación grave qué hacerles para haberlos detenido, entonces, este solo hecho está cuestionando el sistema de justicia penal de nuestro estado”.
Y agregó: “Yo haría primero un llamado a garantizar los derechos humanos de las personas; hemos tenido una acusación muy severa de parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de organismos internacionales, de que seguimos como un estado, el estado Mexicano, siendo vanguardia tristemente en tortura, entonces, si existe cualquier signo de tortura hay que denunciarlo, no podemos quedarnos callados ante dicha situación, pero hay que evidenciarla”.
“En segundo lugar, hay que seguir luchando porque no haya presos políticos en nuestras entidades, en nuestro estado, porque me parece que eso demerita la credibilidad de nuestras instituciones gubernamentales”, remató.
–¿Y quién le va a reparar el daño a las personas que fueron presas, su angustia, la de sus familias que sufrieron y seres queridos, el dinero que gastaron en juicios, traslados, la falta de jefes de familia que no trabajaron y eran, son fuente de manutención para sus familias? –se le preguntó al rector.
–Ese es otro de los grandes déficits de nuestro estado de justicia, de nuestro sistema Estado de Derecho. No es posible que te tengan cinco o seis meses preso o más, porque hay otros presos, y que al final solo te den una palmadita y te digan “disculpe usted, puede retirarse, no había ningún cargo”. Yo creo que es uno de los grandes vacíos que hay en nuestras leyes, ¡que no pasa nada!, y eso es algo de lo que tantas veces nos hemos quejado, que parece que en nuestro estado de gobierno, en nuestras situaciones, no pasa nada y yo pienso que habría que tener una retribución y primero, una explicación de qué pasó y en segundo lugar que si estuvieron cinco o seis meses en la presos cómo se va a reparar este daño, pero no puede ser que no pase nada y que nadie cubra los daños. Yo creo que como sociedad civil tenemos que luchar por estos derechos, que son mínimos y básicos a nivel de derechos humanos.
En la inauguración de la Sala de Juicios Orales de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Iberoamericana campus Puebla, Juan Luis Hernández Avendaño, director del Departamento de Ciencias Sociales, señaló que actualmente el país vive una crisis agudizada, la cual se ha generado a partir de la restauración autoritaria del gobierno, advirtió que “este tipo de espacios nos permite articular a la sociedad civil, a las organizaciones sociales y a las instituciones académicas para que la impunidad y corrupción no avance”.
En su conferencia, el defensor de derechos humanos, Mario Patrón Sánchez, abogado del Centro Miguel Agustín Pro, apuntó que ante el escenario jurídico y legal que hoy vive el país no existe ninguna diferencia entre el sistema de justicia mixto inquisitorio y el nuevo Sistema Penal Acusatorio a la luz de la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos, el cual promueve una ley en teoría garantista. Para ejemplificar este suceso ocupo el caso de Israel Arzate Meléndez, un joven radicado en Ciudad Juárez, Chihuahua, el cual fue detenido, torturado y obligado a declarar ante la masacre en Villas de Salvárcar.