La bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso local se opuso a la aprobación de tres iniciativas del gobierno del estado que buscan concesionar el servicio de agua potable, autorizar una línea de crédito superior a los 7 mil 400 millones de pesos para las administraciones municipales entrantes, así como Proyectos de Prestación de Servicio (PPS) para 17 municipios en materia de alumbrado público, acusando que las autoridades no han proporcionado información que justifique esas propuestas.
Llama poderosamente la atención la postura que han asumido los legisladores estatales del tricolor, porque es correcta, bien fundamentada y sobre todo genera un contrapeso hoy más que nunca necesario ante los proyectos legislativos de Rafael Moreno Valle, que a todas luces aparecen como lesivos de la economía poblana.
Los argumentos que hasta ahora han emitido quienes promueven los endeudamientos no satisfacen por ninguna parte la demanda de justificaciones precisas sobre la necesidad de adquirir créditos y, al contrario, profundizan en las dudas sobre los costos económicos y sociales que dichos proyectos entrañan.
Sin embargo, no será difícil que la conducta autónoma de los priistas poblanos sea sometida a los intereses de la cúpula nacional de su partido, en el entendido de que Moreno Valle es el principal promotor de las reformas que alienta el presidente Enrique Peña Nieto, y en reciprocidad los legisladores locales del tricolor pueden ser obligados a doblegarse y aprobar iniciativas del gobernador con las que no están de acuerdo.