Una negociación política, cuyo alcance aún se desconoce, ayudó al ex edil de San Martín Texmelucan Noé Peñaloza Hernández a librar momentáneamente una inhabilitación por 12 años y una multa de 21 millones 510 mil pesos, que la Comisión Inspectora del Congreso local propuso en su contra por no comprobar la aplicación de 87 millones 142 mil pesos en 2008.
La propuesta de sanción se incluyó en la orden del día de la sesión ordinaria de ayer para que fuera votada por el pleno, pero un acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, en la que tienen representación todas las bancadas, retiró el punto de los asuntos a tratar.
Noe Peñaloza encabezó el ayuntamiento de San Martín en el trienio 2008–2011 con el respaldo de Nueva Alianza y hasta el momento enfrenta inicio de procedimiento administrativo por sus cuentas públicas 2008, 2009 y 2010, ésta última aprobada ayer por un presunto daño patrimonial de 200 millones de pesos –según fuentes del Poder Legislativo.
De la misma forma, la Junta de Gobierno retiró de la orden del día dos propuestas de inicio de procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades contra ex presidentes municipales del PAN y el PRI.
Se trata del albiazul Sixto González Benítez y el tricolor Justino Guerrero Lillo, quienes no lograron solventar en un primer momento las inconsistencias detectadas en sus cuentas públicas 2010. El segundo falleció en 2011 por lo que la responsabilidad de sus actos se extendió a quienes fungieron como regidores.
La presidente de la Comisión Inspectora, la panista Patricia Leal Islas, aseguró desconocer los motivos por los que la Junta de Gobierno retiró de la discusión los tres dictámenes antes señalados, pero aseguró que se presentarán al pleno en otro momento.
Otros de los asuntos que se descartaron de la orden del día fue un punto de acuerdo que presentaría la Comisión de Asuntos Municipales para solicitar a la edil de Tehuacán, Ernestina Fernández Méndez, un informe sobre los actos que ha emprendido para hacer frente a la inseguridad.
El exhorto respondió a un debate mediático en el que participó el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, que se inició esta semana tras el homicidio del empresario José Manuel Herrero Arandia y su esposa María Cristina Carvajal Argudín.
Mientras Moreno Valle pidió a la Secretaría de Gobernación coadyuvar en una solución para frenar la violencia, “sobre todo cuando es evidentemente que no se ha podido por parte del municipio cumplir con su función”, el Comité Directivo Estatal del PRI respondió el 10 de diciembre a través de un comunicado que los índices de violencia se han incrementado en todo el estado.
“Estos números confirman que Puebla ha fallado en su estrategia de combate al crimen y la violencia sigue presente en muchas de sus comunidades sin que se hayan tomado las medidas adecuadas para erradicarla y llevar ante la justicia a los verdaderos responsables”, se señala en el boletín del tricolor.