Cinco partidos que apenas rasguñaron el mínimo de votos que necesitan para conservar el registro estatal, que son afines al morenovallismo y que en la pasada campaña electoral únicamente se dedicaron a atacar a Morena, recibirán alrededor de 125 millones de pesos de financiamiento público local.
Parecería que esa cantidad de dinero es una especie de retribución por su conducta obsecuente a los intereses del ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas y las anomalías que se vivieron en las votaciones del 1 de julio. Sobre todo, cuando existe la denuncia de que se les ayudó, desde el órgano regulador de los comicios, a acrecentar de manera artificial sus índices de sufragios.
Más allá de la circunstancia que envuelve a esos partidos –entre los que se encuentra el Panal, Movimiento Ciudadano, el PRD, Compromiso por Puebla y Pacto Social de Integración–, es necesario reflexionar que se necesita revisar el marco normativo para buscar mejorar la calidad de las organizaciones políticas que se presentan a competir en los comicios.
En Puebla hay un modelo que lleva a los partidos pequeños –entre los que ya se encuentra de manera penosa el PRD– a subordinarse con la fuerza política dominante, en lugar de buscar conquistar el voto ciudadano. Eso lleva a que tengamos un sistema de competencia electoral de mala calidad.