En los últimos tres años han asesinado a ocho alcaldes en Puebla

Durante los últimos tres años, que comprende mayoritariamente el sexenio del panista Rafael Moreno Valle Rosas, uno de los más sangrientos en la historia de Puebla, ocho alcaldes fueron asesinados, el caso reciente fue la ejecución del edil de Huiztilan de Serdán, Manuel Hernández Pasión, y su escolta, la tarde de este martes por un grupo de sicarios.

La autoridad reportó que en la batea de la camioneta en la que viajaba, marca Nissan tipo Titán, “se encontró sin vida a una persona del sexo masculino, quien se sabe escoltaba al edil”.

El alcalde de Huitzilan, Manuel Hernández, fue emboscado por un comando que le disparó con armas de uso exclusivo del Ejército- rifles R-15 y pistolas calibre 9 milímetros-, mientras transitaba en su camioneta por el tramo carretero entre Cuetzalan y Zacapoaxtla, en la Sierra Norte de Puebla.


Hernández Pasión era militante de la organización Antorcha Campesina y es el segundo alcalde poblano ultimado a balazos este año, luego de que el 24 de enero fue acribillado el presidente municipal de Tepexco, Antolín Vital Martínez.

Vital Martínez circulaba sobre la carretera federal Puebla-Huajuapan de León a la altura de la comunidad de Tepeojuma, en el sentido a Izúcar de Matamoros, cuando recibió una bala en el cráneo y otro en el cuello que lo dejó sin vida.

Dos presidentes municipales más sufrieron atentados, el presidente de Chiautla, Jesús Castro Ramales, y tres regidores fueron atacados a balazos, resultado herida por arma de fuego la regidora de Educación, Sagrario Alonso León, el pasado mes de agosto.

Mientras la alcaldesa de Cuautempan, Flor del Coral Ramírez Cárcamo, resultó ilesa cuando sicarios dispararon contra su camioneta en la que viajaba sobre la autopista Zapotlanejo-Lagos, en el estado de Jalisco, donde falleció su chofer.

El domingo 16 de octubre del año pasado, fue asesinado a balazos José Guadalupe Romero, en Cosamaloapan, comunidad ubicada en el municipio de Atlixco.

El presiente auxiliar recibió tres balazos, uno en la cara, otro en el tórax y uno en la clavícula izquierda, por lo que tuvo que ser trasladado al Complejo Médico Gonzalo Río Arronte, donde minutos después murió.

Los presidentes y ex presidentes fueron ultimados en emboscadas, ajuste de cuentas y robo con violencia.

Se trata de José Santamaría Zavala, de Huehuetlán El Grande, y José René Garrido Rocha, de San Salvador El Verde. Mientras que los ex ediles son Neftalí Hernández Mejía, de Domingo Arenas, y Tarcisio Lorenzo Marcos, de San Felipe Xochiteltepec.

Sin embargo, vino un quinto asesinato el 18 de septiembre de 2016 contra el ex edil auxiliar de Pantepec, Jesús Antonio Hernández Jiménez, quien recibió varios balazos de desconocidos que habrían llegado hasta su domicilio para dispararle mientras estaba en la puerta y dejarlo herido. Como no murió, después ingresaron a su casa para rematarlo.

El recuento de los asesinatos

Hasta agosto de 2016, el sexenio del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas contabilizaba 11 asesinatos, secuestros y extorsiones contra alcaldes, ex ediles y familiares de esas autoridades municipales, de acuerdo con un recuento realizado por el grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República, donde se acusa negligencia de la administración estatal en el tema.

Las cifras han incluido a Puebla entre los 10 estados del país más peligrosos para los munícipes, según la Asociación de Autoridades Locales de México A.C. (AALMAC), alertaron los legisladores.

La problemática se exhibió en un punto de acuerdo presentado por los senadores priistas a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el que solicitaron al gobierno de Puebla un informe detallado del número de servidores públicos del orden municipal que han perdido la vida por causas externas o han sido víctimas de secuestro o extorsiones, del 1 de febrero 2011 al 10 de agosto de 2016, acompañado del número de personas procesadas por tales hechos.

Asimismo, pidieron a la Comisión de Derechos Humanos (CDH) del estado un informe de las acciones llevadas a cabo, ante presuntas omisiones de las autoridades estatales para salvaguardar la seguridad y los derechos humanos en los 217 municipios, así como las recomendaciones que haya hecho a diversas autoridades estatales y municipales.