Desde que era candidato a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, colocó como tema principal a resolver en la agenda pública el combate, la eliminación de la corrupción. Es cierto, ese vicio es posiblemente el principal mal de la nación, pero es también pertinente dejar suficientemente claro que el imperio de la corrupción ha sido posible por otro lastre: la impunidad.
En efecto, la comisión de delitos o prácticas anómalas suceden como actos de la mayor normalidad, debido a que jamás son castigados y eso no solo provoca un segundo agravio a las víctimas o afectados, sino que incluso se ha llegado al punto de que conductas a todas luces reprobables se vuelven dignas de admiración y, por tanto, de imitación.
La elección extraordinaria de gobernador para Puebla comenzó en los hechos ayer, cuando en el Poder Legislativo se fijó fecha para los comicios, toma de protesta de quien se alce con la victoria y con el consenso de los grupos parlamentarios sobre la necesidad de que el Instituto Nacional Electoral (INE) organice el proceso.
Sin embargo, no se puede obviar el cúmulo de ilícitos e irregularidades que tienen a la sociedad poblana en esta situación: el comportamiento sesgado a favor de una facción por el pleno de los consejeros del Instituto Electoral del Estado de Puebla y la muy cuestionada votación que encabezó la ex presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF, Janine Otálora Malasis, son solo dos ejemplos de hechos que no pueden quedar en la impunidad.