El ex gobernador priista, Mario Plutarco Marín Torres, Blanca Laura Villeda Martínez, quien fue procuradora en su administración y hasta los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que hace 13 años votaron en contra de la causa de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, serían sujetos a sanciones, de atender el Estado Mexicano la recomendación que ha hecho sobre el caso de la autora de Los Demonios del Edén, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, advirtió Juan de Dios Varela Marino, presidente de la Barra Libre de Abogados Democráticos de Puebla (BLADP).
El litigante se refirió al documento dado a conocer hoy, en el cual el organismo multilateral recomienda al Estado Mexicano reparar el daño a la también defensora de derechos humanos.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU, plantea reparar el daño causado a la informadora, procesar a los culpables de las vejaciones que sufrió y derogar de los códigos penales mexicanos los delitos de calumnia y difamación que son usados para perseguir a periodistas por políticos, autoridades y empresarios.
A finales de diciembre de 2005, Lydia Cacho Ribeiro fue detenida en Quintana Roo por agentes de la entonces Policía Judicial de Puebla, acusada de difamación y calumnia por el empresario maquilador, Kamel Nacif Borge, quien se sintió lesionado por haber sido mencionado en el libro Los Demonios del Edén, el Poder que Protege la Pornografía Infantil en México, en el cual se exhibió una sofisticada red de pederastia internacional.
Aunque la autora fue liberada por la presión de sus colegas, el 14 de febrero de 2006, La Jornada dio a conocer el contenido de una grabación telefónica entre Marín y Nacif, en el cual ambos conjuran el encierro e incluso la violación sexual en la cárcel de San Miguel.
El caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya mayoría de ministros no solo se negó a remover al llamado “góber precioso” de la gubernatura, sino que ni siquiera se atrevieron a emitir una recomendación al gobierno mexicano y de los estados para que garantizaran la protección de infantes frente a las redes de explotación sexual.