Los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) ordenaron al PAN la afiliación de casi 14 mil 300 personas para asegurarse un espacio como consejeros estatales en el Instituto Nacional Electoral (INE), acusó el presidente del Comité Directivo Estatal de ese partido, Rafael Micalco Méndez, con lo que dejó entrever que actuaron por consigna política.
En conferencia de medios dio a conocer que analiza solicitar al Congreso del estado la remoción de esas autoridades jurisdiccionales, pues a su parecer la sentencia que emitieron en contra del albiazul fue un acto de “mapachería electoral” con el que perdieron toda legitimidad.
Sin embargo, el también coordinador de los diputados federales panistas de Puebla no aclaró si continuará con las acciones jurídicas para impedir el ingreso de esos nuevos militantes, ya que dijo que es una decisión que debe consultar con su homólogo nacional Ricardo Anaya Cortés.
La confrontación entre el PAN y el TEEP inició el lunes de la semana pasada, luego de que los tres magistrados del órgano jurisdiccional del estado ordenaron al partido dar militancia a 14 mil 265 ciudadanos, con lo que duplicaría su padrón actual de 13 mil 857 personas.
Rafael Micalco aclaró al día siguiente que a esas afiliaciones se suman las de 7 mil 700 personas más que se gestionaron en agosto ante el Registro Nacional de Miembros, por las cuales también externó su inconformidad ante la directora de esa instancia partidista, María del Carmen Segura.
El viernes pasado representantes de Acción Nacional acudieron al TEEP a impugnar el fallo de los magistrados, pero fueron desalojados del inmueble por funcionarios del tribunal que justificaron la acción asegurando que recibieron una amenaza de bomba.
“Con este acto la relación entre el TEEP y el PAN se deteriora completamente; independientemente de que la razón no les asistía estaban obligados a recibir estos documentos”, señaló el dirigente estatal.
Descartó que el Comité Directivo Estatal negociara con el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas la posibilidad de suspender el proceso legal contra la afiliación masiva que aprobó el tribunal.
No obstante, enfatizó que la única acción que contempla hasta el momento es promover la destitución de Francisco Javier de Unanue y Bretón, Claudia Barbosa Rodríguez y Ricardo Adrián Rodríguez Perdomo.