El expresidente de Brasil Luiz Inacio Lula da Silva relató ante la Comisión de la Verdad que investiga los crímenes de la dictadura (1964-1985) cómo fue seguido durante los cuatro años que precedieron a su detención en 1980, cuando era un destacado líder sindical del sector metalúrgico.
La divulgación de su testimonio se produce la víspera de la entrega del informe final elaborado por este grupo de trabajo creado en 2011 a instancias de la presidenta Dilma Rousseff, quien estuvo presa y fue torturada por el régimen militar.
“Me vigilaban en el cine. En las asambleas notábamos que estaban ahí. A veces, disfrazados en el bar del sindicato. En mi casa, por ejemplo, paraban la furgoneta en la puerta y pasaban la noche. (…) Fueron tres o cuatro años de seguimiento antes de la prisión”, recordó el expresidente (2003-2010) en su declaración de casi una hora y media ante dos miembros de la Comisión.
Lula había iniciado en los años 70 una intensa actividad sindical en el polo industrial de Sao Paulo, que derivó en una serie de movimientos obreros y huelgas contra la dictadura.
Tras varios años de protestas, en 1980 los trabajadores comenzaron una nueva huelga y, a los 17 días, Lula fue detenido.
“Los militares cometieron la estupidez de detenerme, porque la huelga ya no se sostenía (…) El arresto fue una motivación más para que continuara la huelga”, que se extendió otros 30 días, declaró el exmandatario, de 69 años.
Pese a que de camino al centro de reclusión tuvo miedo de ser asesinado, Lula contó que se calmó al escuchar en la radio del vehículo la noticia de su detención.
“Fui tratado con un cierto respeto porque tenía a mucha gente fuera, no era un preso común y fuera tenía a trabajadores, estudiantes, intelectuales, iglesia, todo el mundo”, agregó.
En septiembre, la Comisión de la Verdad adelantó que la firma Volkswagen, con plantas en Brasil, monitoreó las actividades de Lula en aquella época.
Otro expresidente brasileño, el socialdemócrata Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), narró hace menos de dos semanas su exilio y detención por los militares ante la Comisión.
A diferencia de otros países que también sufrieron férreas dictaduras a finales del siglo pasado, como Argentina, Chile y Uruguay, Brasil no ha juzgado a los represores de esa época debido a una ley de amnistía que impide procesar a policías y militares que viloaron los derechos humanos.
La norma entró en vigencia en 1979 y en 2010 el Supremo Tribunal Federal decidió mantenerla en vigor.
Con información de Afp.