La política de austeridad fiscal a favor de los acreedores y contra los objetivos de empleo

Las políticas de austeridad fiscal sustentada en los constantes recortes presupuestales, han reducido el tamaño y participación del Estado en la economía, lo que ha frenado la actividad económica, ha aumentado la economía informal y el subempleo, reducido salarios e incrementado la privatización y la desigualdad del ingreso y la riqueza en el país.

El gobierno contrae el gasto público para alcanzar superávit fiscal para cubrir el pago de la deuda y reducir su monto, a costa de contraer la inversión pública, la actividad económica, y relegar los objetivos de empleo y de bienestar social para quedar bien con los acreedores, es decir, con la banca nacional e internacional.

Tal política fiscal ha ido acompañado de una política monetaria restrictiva de altas tasas de interés que también frenan el crecimiento de la inversión y de la economía. No tenemos política fiscal, ni política monetaria para el crecimiento. Ambas políticas van encaminadas a estabilizar la relación peso–dólar para bajar la inflación a través de abaratar el dólar y el precio de los productos importados, los cuales desplazan a la producción nacional e incrementan el desempleo, todo a favor de la estabilidad de la moneda controlada por los dueños del dinero, para ser bien vistos por los mercados financieros.


Por más que el gobierno justifica dicha política para reducir la inflación, diciendo que ello es necesario para el crecimiento, ello no se logra. Tenemos décadas con tales políticas macroeconómicas de estabilidad y el crecimiento desde los años 80 a la fecha no rebasa 2.4 por ciento promedio anual. Tales políticas han atentado sobre las bases productivas en que debe sustentarse la reducción de la inflación. En los últimos meses vemos como la inflación está de nuevo presente, como resultado de los fuertes rezagos productivos internos que aumentan las presiones sobre el sector externo y sobre la paridad cambiaria, como consecuencia de las llamadas políticas de “estabilidad”. Ello evidencia que no se puede sustentar por siempre la reducción de la inflación en políticas encaminadas a promover la entrada de capitales para abaratar el dólar y el precio de los productos importados, pues tales políticas atentan sobre el crecimiento de la productividad y la producción e incrementan las presiones sobre el sector externo, lo que colocan a la economía en un contexto de alta vulnerabilidad externa. Cuando caen las exportaciones y la entrada de capitales, se devalúa el peso, lo que junto con los rezagos productivos aumentan la inflación. Por más que se contrae el gasto público, no se reduce el déficit fiscal, ni el monto de la deuda, debido a que la menor actividad económica, disminuye la recaudación tributaria, dado que ésta depende del ingreso nacional. Al caer éste, se recauda menos impuestos, y prosigue el déficit fiscal y los mayores niveles de endeudamiento público, tal como ha venido aconteciendo.

La cúpula empresarial feliz con los recortes presupuestales y la austeridad fiscal, pues ello le amplía el área de inversión e influencia a ellos. De ahí que se han ido apropiando de los sectores estratégicos de la economía, y han pasado a invertir desde hace años en el sector salud, en educación, y se están apropiando del agua y de otros servicios públicos que el Estados ha desatendido por dicha política fiscal. Sin embargo, lo que es bueno para la cúpula empresarial es malo para el sector privado en su conjunto, debido a que al disminuir el gobierno el gasto y trabajar con superávit fiscal, el sector privado en su conjunto pasa a ver reducidos sus ingresos (recibe menos que sus gastos) y ve incrementado su déficit financiero, lo que lo lleva a mayor endeudamiento. Es decir, al tratar el gobierno de gastar menos para reducir el monto de su deuda, lleva al sector privado a ver incrementado el monto de su deuda, lo que se ve agravado por el déficit de comercio exterior que enfrenta la economía, lo que refleja que las importaciones están desplazando a la producción nacional. De ahí, qué si el sector privado en su conjunto quiere ver incrementados sus ingresos y reducido el monto de su deuda, debe pronunciarse por que el gobierno gaste más, para reactivar la economía, y así ver incrementadas sus ventas e ingresos. Igual los trabajadores, deben pronunciarse por mayor gasto público para la generación de empleos, para mayor gasto social e incremento de demanda para impulsar el crecimiento económico y el bienestar de la población.