Cartas a Gracia
Mientras que cientos de miles de maestras y maestros –entre los que se encuentran quienes laboran en tu centro de trabajo Gracia– festinan que, diputados y senadores de Morena, le quiten al Instituto Nacional de Evaluación para la Educación (INEE), los dientes y la autonomía que le permitían actuar como señores de orca y cuchillo en contra del personal docente de educación obligatoria, y las autoridades educativas federales se aferran a los caprichos por mantener hasta el último día de su gestión, las evaluaciones de permanencia en el servicio profesional docente, grupos de interés ligados en muchos casos con quienes piensan con el estómago (la burocracia del INEE), defienden la existencia y la independencia de un organismo que, desde la óptica del ex presidente de la Junta de gobierno del INNE, el organismo arrastra en materia de evaluación “una deuda con el sistema educativo nacional” que, por motivos achacables a la organización y a la consolidación del organismo, “no permitieron que los maestros se sintieran respetados, que percibieran que se evaluaba pertinentemente sus competencias”; y, acotaría con una sentencia que justificaría la animadversión a la que se refiere: “El maestro no entiende quiénes somos, para qué servimos, si somos o no parte de la SEP, qué hacemos y qué no, pregúntenle a cualquier profesor que hace el INEE, y dirán, las evaluaciones que nos atropellan” (La Jornada, 2018/04/19).
Contrito, aquel 19 de abril del 2018, se presentaba ante la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores prometiendo portarse bien si lo reelegían como consejero de la Junta de gobierno. Se convertiría en un paladín “que limpiara la parte que habría quedado bastante confusa” y, al tiempo que lucharía por regresarle al docente (al que llamaría el activo más importante de la educación del país) el auxilio necesario para “apoyarlo, formarlo, y ayudarlo a formarse porque ha quedado en los maestros la idea de que lo único importante es evaluar porque te quieren correr”; lástima Margarito.
Sin embargo, Gracia, parecería que Eduardo Backhoff –ahora marginado del INEE– podría no ser –con todo y su autocrítica– el único de los perjudicados por los cambios reglamentarios de la institución, por las protestas de maestros y maestras en contra de ordenamientos sancionatorios y por la “convocatoria a la construcción de un acuerdo orientado a mejorar la educación sin afectar los derechos laborales” (morena, boletín 065, Zacatecas, 10/02/2018), adoptado por legisladores de ambas cámaras y expresado en iniciativas de ley que prevén la derogación de las reformas a los artículo 3º y 73 de la Constitución que dieran origen a las creación de dos leyes secundarias (Ley General del Servicio Profesional Docente, Ley del Instituto Nacional Para la Evaluación de la Educación) bajo las que se les confiere el despido de las y los “profesionales” de la educación que incumplan diversos ordenamientos, sin responsabilidad para la autoridad educativa.
Si se cumpliera con alguna de las dos hipótesis esgrimidas hasta ahora y si, o bien se abrogara la reforma educativa como lo plantearan –entre otros– los diputados José Luis Montalvo Luna e Irán Santiago Manuel y lo expresaran los senadores Martí Batres, Ricardo Monreal y Cristóbal Arias o, si solo se conculcara la autonomía del INEE y se convirtiese en una oficina más de la Secretaría de Educación Pública, como establecería un proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Administración Pública (martes 13/11/2018, Anexo III, pág. 414) tendría consecuencias para cerca de 5 mil empleados. En el primer supuesto, quedarían cesantes y tendrían que buscar acomodo en alguna otra dependencia y en el segundo, el INEE se integraría el próximo diciembre a la Dirección General de Evaluación de Políticas, con las consecuencias salariales y despidos laborales que afectarían –en uno u otro caso– a todas y todos.
Una somera revisión de una página de Internet en la que aparece un directorio de funcionarios del INEE nos muestra Gracia, el tamaño del sapo y en consecuencia, el tamaño de la piedra que se requeriría para liquidarlo. De entrada, permite deducir que sus cinco consejeros ganaron en 2017, alrededor de 147 mil pesos brutos (casi 110 mil pesos netos); cifra equivalente a 12 meses de salario de un docente con plaza inicial, sin contar con otras prestaciones y prebendas. La propia página permite estimar que laborarían para el instituto por lo menos un coordinador con plaza y percepciones equivalentes a la de un subsecretario de la administración pública; 19 directores generales con salarios que rondarían en los 120 mil pesos brutos (89 mil pesos netos), y 32 directoras y directores adjuntas con percepciones que podrían estimarse en los 88 mil pesos brutos (65 pesos mil pesos netos), cuyas oficinas se encuentran en las entidades y desempeñan funciones de guardianes de los titulares de las secretarías de educación en los estados, a pesar de ser ellos quienes se hacen cargo de los gastos de las oficinas de estos embajadores; cuatro titulares de unidad; 57 directores de área con percepciones de 47 mil pesos brutos (37 mil pesos netos); además, calcula Gracia que multiplicando por tres a cada uno de los directores de área, dependerían de ellos un aproximado de 170 subdirectoras y subdirectores quienes tendrían bajo su cargo a entre dos, tres, cuatro y hasta seis jefes de departamento y a un sin número de responsables de proyecto (más de mil 100 mandos medios y superiores).
Crecieron con la política del sapito Gracia y, por si fuera poco, inflaron artificialmente la estructura orgánica del instituto para tener a las y los docentes comiendo de su mano. No se pierde mucho si desaparecen de la vida pública Gracia y se acaba de una vez por todas “con las evaluaciones que nos atropellan”.