La semana pasada nos preguntábamos en este espacio qué estaría resolviendo la privatización del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SOAPAP) de la compleja problemática del agua en la entidad que implicó modificar la Ley del Agua en el mes de diciembre de 2012 y las adecuaciones que se han hecho recientemente para indexar las tarifas de acuerdo con el índice inflacionario, desligándose de la aprobación del Congreso.
La respuesta se asoció básicamente a la concepción que priva en torno a la eficiencia de la inversión privada frente a las operaciones estatales y a la apertura de espacios de negocios a empresas privadas, que finalmente operan con base en la rentabilidad que pueden y esperan obtener, con base en el incremento tarifario, que los usuarios deberemos de enfrentar, atendiendo a los distintos usos del agua.
Lo anterior no necesariamente romperá los privilegios que diversos grupos empresariales han tenido en el control y acceso al agua, frente a las dificultades que enfrentan comunidades y colonias para proveerse de la misma; finalmente, la gestión social del agua se ve desplazada frente a una propuesta privatizadora impuesta.
Hay muchos cuestionamientos, y frente al ocultamiento de la información y los proyectos, las respuestas van armándose poco a poco, ya que el entramado es fino y la caja de pandora en este tema, también.
Un aspecto que ha salido a la luz pública esta semana es la relación en este proceso de privatización con la empresa Oceanografía, a través de la firma de abogados White & Case, que desde 2011 presta sus servicios para la elaboración de las bases de licitación y título de concesión, según los contratos firmados por Manuel Urquiza, director del SOAPAP, y Vicente Corta, representante legal de la firma mencionada, por 13 millones de pesos más gastos. Asumiendo el control jurídico del SOAPAP a partir del 15 de noviembre de 2011 con la finalidad de conducir desde esa fecha la privatización del organismo. (La Jornada de Oriente, 27 de marzo de 2014).
Otra interrogante que está presente y que rebasa la temática de la privatización del SOAPAP y de los Sistemas Operadores de otros 16 municipios es la adecuación de la legislación para solventar las exploraciones y explotaciones de las actividades mineras metálicas en la entidad que hoy atentan sobre amplios territorios, principalmente de la Sierra Norte, generando procesos de resistencias comunitarias y regionales, frente a la amenaza de la minería a cielo abierto.
Una de las preocupaciones más importantes en la consecución de un proyecto minero es el agua del subsuelo, ya que al hallarse se tiene que controlar y conducir para que no complique las obras de explotación para el proceso de beneficio de los minerales de interés. Esto obliga a las empresas mineras a realizar, antes de iniciar obras, estudios previos sobre la disponibilidad del agua, así como las profundidades a las que se encuentra el agua subterránea y cantidades de agua presente en los acuíferos, para de esa manera tomar decisiones del proyecto. En este caso, y según la legislación vigente, la autorización corresponde a la Comisión Nacional del Agua, y entonces la pregunta surge: ¿qué títulos de asignación o concesión en esta materia se han otorgado?