En el última sesión ordinaria del año el Congreso aprobó 38 cuentas públicas, nueve inicios de procedimientos administrativos contra ex funcionarios, seis reformas y tres nuevos ordenamientos, entre los que se encuentra una nueva Ley de Notariado.
También se autorizó a 18 municipios del corredor San Andrés Cholula–Huejotzingo concesionar el servicio de tratamiento y disposición final de residuos por 30 años, y lo que se sumó dos donaciones de predios de ayuntamientos a favor de gobierno del estado.
Entre las cuentas públicas aprobadas 2012 se encontró la 2012 del ex alcalde panista de Puebla Eduardo Rivera Pérez y de su ex colaboradora Sandra Ximena Mata Zenteno, ex directora del Instituto Municipal del Deporte, con una tardanza de dos años, ya que debieron someterse a votación del pleno desde 2013.
La presidente de la Comisión Inspectora, la panista Patricia Leal Islas, descartó que la tardanza se fundamentara en una consigna política, al tiempo de asegurar que la tardanza se debió a la comprobación de recursos.
Rivera, quien se enfrentó en diversas ocasiones al gobernador Rafael Moreno Valle Rosas en su gestión como edil, todavía tiene pendiente la aprobación de la cuenta pública 2013 y la 2014 de sus últimos 45 días de gobierno.
Los inicios administrativos de determinación de responsabilidades se abrieron contra Luis Alejandro Fabre Bandini, quien fungió como titular del Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL), por su cuenta pública de 2013.
En la lista de ex funcionarios con IPADR también se encontraron dos ex colaboradores del anterior gobernador Mario Marín Torres: el ex secretario de Salud Alfredo Arango García y el ex director del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos Rodolfo Chávez Carretero, ambos por sus últimos 31 días de servicio en 2011.
Nuevas leyes
El Congreso aprobó una ley para la Regularización de la Propiedad Inmobiliaria, una nueva Ley de Notariado, así como un Código Fiscal y Hacendario para el Municipio de San Andrés Cholula.
La Ley de Notariado –que impulsó el gobierno de Rafael Moreno Valle a través de la bancada del PAN– aumenta el control sobre los fedatarios públicos, regulando sus honorarios y estableciendo causales más estrictas para la pérdida de la patente.
La Ley para la Regularización de la Propiedad Inmobiliaria la impulsó la Junta de Gobierno y Coordinación Política –que integran todos los coordinadores de grupos legislativos– con la finalidad de establecer un esquema de escrituración de bajo costo, así como establecer las bases para la regularización de la propiedad de los predios rústicos, urbanos y suburbanos.
Entre las reformas aprobadas se encuentra una iniciativa del diputado del PAN Sergio Moreno Valle Germán –primo del mandatario local– permite la supletoriedad del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, en todo lo no previsto en los Títulos Segundo y Tercero de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
El título segundo se relaciona con los procedimientos ante el Congreso del estado en materia de juicio político y declaración de procedencia, mientras el tercero aborda la responsabilidad administrativa de servidores públicos.
La concesión a 30 años se autorizó a los municipios de Cuautlancingo, San Andrés Cholula, Huejotzingo, Tlahuapan, San Salvador El Verde, San Matías Tlalancaleca, Chiautzingo, Juan C. Bonilla, Nealtican, San Miguel Xoxtla, San Jerónimo Tecuanipan, San Nicolás de los Ranchos, San Felipe Teotlalcingo, San Gregorio Atzompa, Tlaltenango, Santa Isabel Cholula, San Pedro Cholula y Tianguismanalco.