Más de 30 elementos de la Policía Estatal causaron baja y otros 100 reubicados en áreas administrativas. Sus representantes afirman que se trata de una venganza de Facundo Rosas Rosas, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) porque solicitaron un aumento y prestaciones de acuerdo a su antigüedad, que oscila entre los 10 y los 20 años.
Sin embargo, el funcionario ha respondido que los agentes fueron rescindidos o cambiados de actividad porque contaban con “documentación falsa” y agregó que no dirimiría el asunto ante los medios de comunicación.
“El trato que han recibido los que están en activo y los que no aprobaron la evaluación de confianza ha sido muy respetuoso”, afirmó el funcionario cuando se le comentó que los quejosos, quienes han hecho sus denuncias con carácter de anónimas por temor a represalias, aseguraron que eran víctimas de maltrato por parte de sus superiores.
Facundo Rosas también expresó que los elementos que han causado baja no aprobaron los exámenes de confianza: “quien no pasa la prueba tiene que ser dado de baja, y el componente que ustedes han retomado es una de las variantes, cuando uno es evaluado firma para entregar cada uno de los documentos que avalen la formación académica de cada uno”.
Los agentes efectados con el recorte o la reubicación han comenzaron a organizarse, por lo que no se descarta que este día haya algunas protestas. Otros ex uniformados plantearon presentar acciones legales contra la dependencia.
Advirtieron que su salida puede obedecer a que hace un par de meses iniciaron un movimiento para exigir mejores salarios y denunciar los malos tratos a los que son sujetos por parte de sus altos mandos.
A finales de septiembre del año pasado, 400 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) –entre policías, custodios, agentes de Vialidad, bomberos, policías ministeriales y agentes del Ministerio Público– fueron despedidos por el gobierno estatal, pretextando que no habían aprobado los exámenes de confianza.
Un grupo de aproximadamente 30 ex policías de la Secretaría de Seguridad Pública que formaban parte de ese grupo, denunció que en el caso Chalchihuapan altos mandos han falseado declaraciones para inculpar como responsables de los hechos violentos del pasado 9 de julio, en la citada junta auxiliar, a los agentes rasos del corporativo.
Expusieron que la intención del gobierno fue despedir a cerca de un millar de uniformados, entre los que se encuentraban los que participaron en el operativo de desalojo al bloqueo carretero en Chalchihuapan el 9 de julio, para que no quede “cabo suelto” en las indagatorias judiciales.