Desde el Senado, Martha Tagle exige a la PGR y CFE respeto al derecho y la vida comunitaria en Cuetzalan

La senadora Martha Tagle Martínez exigió a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se conduzcan con estricto apego a la Ley y respeto a los derechos humanos de los pueblos y las comunidades indígenas, en el caso de los activistas ambientalistas e integrantes del Comité para el Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan (Cotic), en el estado de Puebla.

Desde la tribuna del Senado, argumentó que la permisibilidad y pasividad traducida en corrupción por parte de los gobiernos en contubernio con el sector empresarial, ha tenido como resultado el quebranto ambiental, convirtiéndolo en una amenaza contra la vida misma, violentando los derechos de los pueblos originarios y su cultura atávica.

En ese sentido, Tagle Martínez expuso que el pasado 1 de febrero, el Cotic inició una petición en la plataforma change.org dirigida a la PGR en el que expone que la autoridad federal inició una investigación penal hacia agremiados a este Comité, “porque estamos ejerciendo el derecho a oponernos de manera legal y pacífica a obras que afectan a nuestras comunidades y al medioambiente”.


En particular, señaló que los indígenas se oponen al Proyecto Línea de Alta Tensión Cuetzalan Entronque Teziutlán II-Papantla Potencia y Subestación Eléctrica Cuetzalan Banco 1 (Proyecto LAT).

Informó que los investigados son Rufina Edith Villa Hernández, indígena integrante de la organización Maseualsiuamej Mosenyolchicahuanij, y secretaria del Cotic; además de Álvaro Aguilar Ayón, asesor de la Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske e integrante del órgano ejecutivo del Cotic; Nazario Diego Téllez, indígena representante del Grupo Altepetajpianij, cooperativa de la Unión Tosepan Titataniske e integrante del Cotic; y Luis Enrique Fernández Lomelí, investigador universitario, vecino de Cuetzalan y miembro de Cotic.

La senadora refirió que los señalados han sido indiciados en la PGR por querella de la CFE, “con el claro propósito de que cedan a la presión de instalar el Proyecto, que contraviene el Programa de Ordenamiento Territorial Integral Municipal que ahí se ha aprobado,  con todas las formas de la Ley, y que rige desde el año 2010”.

De acuerdo con el punto de acuerdo presentado ante el Senado de la República, el Proyecto LAT despojaría de vegetación natural a una importante área de recarga de manantiales protegidos y conservados.

Además dijo que modificaría una vasta área de cafetales cultivados y otros productos, que son el sustento de numerosas familias; y que gracias al trabajo campesino indígena son hábitat de especies únicas, como la abeja melipona, cuyo cultivo también proporciona ingresos económicos y representa una riqueza ambiental y cultural invaluable.

“La deforestación provocaría la desestabilización de laderas, lo que trae consigo el riesgo de desastres por deslizamientos, como ya vimos en 1999 y 2005”, sustentó.

A los 20 días que fue publicado la petición, Tagle informó que se lograron recabar más de 7 mil firmas de intelectuales, académicos, ambientalistas y ciudadanos que exigieron a la CFE retire las acusaciones y se respete el Programa de Ordenamiento Territorial en Cuetzalan.

Desde entonces, Martha Tagle dijo que resistencia, persistencia y pacífica ha sido la postura de los pueblos originarios para salvaguardar los ecosistemas frente a los duros embates de particulares y de intereses voraces que pretenden implantar proyectos que perjudican la salud e impactan en el ambiente, bajo el argumento esgrimido de llevar más y mejores servicios a las comunidades.

Aseveró que existen evidencias y argumentos para sostener que el Proyecto LAT de la Comisión Federal de Electricidad pretende generar energía eléctrica no para el consumo de los hogares de la región, sino para servir a los proyectos extractivistas, es decir, para empresas mineras.

En lugar del diálogo, acusó que la CFE criminalizó a los integrantes del Comité de Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan.

Dijo que al respecto diversas organizaciones civiles se han solidarizado con los integrantes del Comité, emitiendo comunicados en los que evidencian la violencia de los derechos como pueblos indígenas.

Por lo anterior, concluyó, es menester evidenciar el papel de los integrantes del Cotic y del pueblo masehual, que se han unido y organizado en defensa de la tierra y el territorio.

Según estimaciones de GeoComunes, para el año 2030 la CFE tendrá 28 por ciento del control privado de la explotación, el transporte y la transformación energética en el país.

Durante una protesta de pobladores de Cuetzalan ocurrida el pasado 31 de enero, frente a la Delegación de la PGR en Puebla, explicaron que la pretendida subestación no es solo violatoria del Ordenamiento Territorial sino que implica el tendido de una línea de abastecimiento que pasaría por lugares sumamente sensibles de afectación humana como escuelas para menores de edad.

También arguyeron que el generador de energía no es necesario para la población de la región, debido a que el abastecimiento prácticamente está completo, y que los estudios que han realizado sobre la ubicación de los proyectos mineros y de hidroeléctricas que transnacionales buscan imponer en la zona, les permiten inferir que en realidad la subestación solo dará servicio a esos negocios que son letales para el medio ambiente y las personas.