Un estimado de 9 por ciento de las pérdidas a nivel nacional por el robo de energía electrica se concentran en el estado de Puebla, reveló Ángel Flores Santillán, presidente de la Asociación de Comerciantes Eléctricos en la entidad.
Parece ser que el estado de Puebla no es ajena a ninguna de las modalidades delictivas existentes. Por supuesto que en el caso que se aborda, no se trata necesariamente de crimen organizado ni de delincuencia común, pero con repercusiones de una gravedad que es innegable.
En efecto, el hurto de la energía lo cometen particulares: empresarios, dueños de negocios y también algunas familias desde sus hogares.
Las razones para cada uno de estos sectores seguramente son muy distintas, pero evidencian hasta que punto la transgresión de la ley se ha convertido no solo en un modus vivendi de los delincuentes sino en un modus operandi de ciudadanos comunes y corrientes, lo cual es otra muestra de la descomposición.
Toca, por supuesto, a las autoridades federales investigar y sancionar el delito, pero tampoco hay que obviar, sin que eso sea una justificación, que la consumación de este tipo de latrocinio en buena medida es derivada del mal ejemplo que ponen gobernantes o directivos del servicio público, quienes suelen sacar provecho particular de bienes e insumos públicos.