El que será subsecretario de egresos en la Secretaría de Hacienda del nuevo gobierno, señaló el 5 de septiembre que no se elevará el nivel actual del gasto público en 2019 (que será el mismo que en 2018), para alcanzar superávit primario antes del pago de las obligaciones financieras existentes, para reducir el monto de la deuda pública.
Tal política disminuirá la demanda, a lo que se le sumará el mayor déficit de comercio exterior que se derivará de las cláusulas que el gobierno de Estados Unidos le impuso al gobierno mexicano en el nuevo Acuerdo Comercial, que llevarán a que México le compre más, y le venda menos, por lo que la actividad económica se contraerá. En vez que la política fiscal actúe en forma contracíclica, es decir que contrarreste la caída de exportaciones que se avecina, como la baja demanda interna derivada de los bajos salarios, como de la creciente desigualdad del ingreso y de la política fiscal restrictiva que ha predominado, se decide mantener dicha política.
Hay que recordar que en el primer año del gobierno de Luis Echeverría Álvarez, el entonces secretario de Hacienda Hugo B. Margain instrumentó la misma política fiscal restrictiva y configuró la llamada “atonía económica” en 1971 y el presidente tuvo que destituirlo.
Si el gobierno restringe el gasto público, no reducirá el monto de la deuda, debido a que se contraerá la actividad económica, el ingreso nacional y disminuirá la recaudación tributaria, lo que aumentará las presiones sobre las finanzas públicas y aumentará la deuda pública. Ésta también se incrementará por el mayor desempleo y el menor número de cotizantes al fondo de pensiones, lo que obligará al gobierno a transferir mayor deuda a dicho sistema para asegurar las jubilaciones.
Hay muchas empresas deseosas de incrementar y realizar su producción, y muchos desocupados deseosos de encontrar trabajo y ser productivos. La política fiscal debe responder a ello y no preocuparse del superávit primario y por reducir el monto de la deuda. La política fiscal hay que evaluarla en torno a su impacto en la actividad económica y no en torno al equilibrio fiscal o el monto de la deuda.
La relación de endeudamiento existente no es impedimento para que el gobierno gaste. Perfectamente el gobierno puede incrementar el gasto para impulsar la capacidad productiva y el empleo, lo que permitiría reducir el déficit de comercio exterior e incrementar el ingreso nacional, lo cual favorecería la recaudación tributaria y se reducirían las presiones sobre las finanzas públicas y el sector externo y se evitaría caer en mayor deuda pública.
Si la expansión del gasto público incrementa la productividad, la capacidad productiva y reduce las presiones sobre el sector externo, no ocasionaría presiones inflacionarias, por lo que no tiene el gobierno porque emitir deuda pública, ya que ésta es para regular la liquidez de la economía y evitar presiones inflacionarias.
Si el gobierno quiere reducir el monto de la deuda, tiene que gastar más para reactivar la actividad económica y así poder recaudar más, para hacer frente a sus obligaciones financieras. El gobierno recuda lo que gasta, si el gasto tiene efectos multiplicadores internos a favor del ingreso de las empresas y trabajadores. Hay que recordar que la recaudación está en función del ingreso nacional, por lo que al aumentar éste, se incrementa la recaudación, se reduce el déficit fiscal y el monto de la deuda.
Para reducir el monto de la deuda, el ingreso nacional y la recaudación tributaria, tienen que crecer más que la tasa de interés, para así poder pagar la deuda y reducir su monto. Para ello, además de incrementar el gasto a favor de la actividad productiva y del empleo, el banco central debe reducir la tasa de interés. De continuar alta la tasa de interés y estar por arriba del crecimiento de la actividad económica y de la recaudación tributaria, continuarán las presiones sobre las finanzas públicas a pesar que el gobierno restringa el gasto público para tener superávit primario, por lo que no reducirá el monto de la deuda, pues proseguirá creciendo el déficit fiscal financiero, derivado de la carga creciente de la deuda pública. La relación de endeudamiento respecto al PIB, seguirá creciendo por el menor nivel de actividad económica, ocasionado por la política de austeridad fiscal. Al nuevo gobierno le acontecerá lo mismo que al gobierno de Peña Nieto que termina su sexenio con el doble de la deuda pública que con la que inició.
El gobierno no puede dejar la política de fiscalización tributaria a un sistema de sorteo, como lo anunció el 5 de septiembre el Presidente Electo ante empresarios de Monterrey. Ahí planteó que el nuevo sistema fiscal se basará en la confianza del gobierno al contribuyente. El problema es que la gran mayoría de los contribuyentes tratan de eludir y evadir el pago de impuestos, por lo que no se puede confiar en que harán su declaración tributaria con la verdad. El sistema tributario por definición es de fiscalización y sanciona al que no cumpla con sus obligaciones fiscales, por lo que no se puede instrumentar un esquema tributario por sorteo y no de fiscalización, pues ello en vez de aumentar la recaudación y la capacidad de gasto del gobierno, la reducirá, lo que le impedirá cumplir con los proyectos de inversión y sociales que ha anunciado.