El dirigente en Puebla de la CTM, Leobardo Soto Martínez, quien ha sido uno de los más férreos detractores de Uber, anunció que buscará crear una agrupación sindical con los conductores de esta plataforma digital que ofrece el servicio de taxi privado.
El diputado deslindó que la CTM sea el interesado en organizar al gremio, tras señalar que también se trata de una petición expresa de los mismos conductores.
Esto ocurre a un día que entre en vigor la nueva Ley del Transporte que regula a plataformas como Uber y Cabify en Puebla, a raíz de que conductores se involucraron en la comisión de delitos.
Uno de ellos Ricardo Alexis, como presunto feminicida de la estudiante de la UPAEP, Mara Fernanda Castilla, a quien supuestamente asesinó, secuestró y violó cuando estaba en servicio como taxista.
Fue entonces que Leobardo Soto y Érika Díaz, presidenta del Consejo Taxista Puebla, iniciaron una campaña en contra de Uber y Cabify, sólo logrando la salida de la segunda trasnacional de la entidad.
Sobre el interés de incluirlos al sindicato, el líder de la CTM admitió que buscará defender los derechos laborales de los choferes, así como la exigencia de prestaciones.
Incluso, señaló que los conductores del servicio de taxis Uber son explotados laboralmente por los socios, con horarios extenuantes que rebasan las ocho horas establecidas por la Ley Federal del Trabajo.
Al concluir la rueda de prensa con trabajadores de la construcción, Soto Martínez reveló que mantiene comunicación con algunos líderes de choferes de Uber, con quienes incluso se ha reunido para asesorarlos en la defensa de sus garantías.
En ese sentido, aseveró que el personal de la empresa estadunidense carece de prestaciones sociales, así como de seguridad médica, vacaciones y aguinaldo, por citar algunos.
La finalidad aclaró no es crear un nuevo sindicato sino agremiarlos a la CTM, a la que consideró la organización obrera más importante del país.
Soto Martínez aseveró que están dispuestos a defender a los conductores de taxis Uber, ante el temor que existan despidos por el interés de exigir sus derechos laborales.