Por unanimidad de votos, el Congreso de Puebla dio marcha atrás a la reforma del PAN que retiró el servicio del registro civil a las juntas auxiliares, la cual derivó en el encarcelamiento de los ediles auxiliares que encabezaron la resistencia de las comunidades y en la represión de San Bernardino Chalchihuapan del 9 de julio de 2014.
Fue necesario que transcurrieran más de cuatro años y que Acción Nacional perdiera la mayoría en el Poder Legislativo para que se llevara a cabo la corrección, a propuesta de la bancada de Morena.
El Congreso reformó las fracciones XVII del artículo 91 y IX del artículo 231 de la Ley Orgánica Municipal, para que los presidentes municipales y presidentes de las juntas auxiliares puedan actuar como juez del registro civil por ministerio de ley.
El presidente de la mesa directiva, José Juan Espinosa Torres, explicó que la enmienda es un avance en el fortalecimiento de las juntas auxiliares, pero todavía falta regresarles otras facultades en materia de seguridad pública, para que se eche abajo en su totalidad la reforma de Acción Nacional de 2013.
Mario Riestra y Moreno Valle; autor y defensor
La reforma del PAN contra las juntas auxiliares la impulsó Mario Riestra Piña, quien fue coordinador del grupo legislativo albiazul en la LVIII Legislatura (2011-2014) y compitió por el Senado de la República este año con el respaldo del partido de derecha sin conseguir el escaño.
Acción Nacional modificó la Ley Orgánica Municipal para determinar que las juntas auxiliares son órganos desconcentrados de la administración pública municipal que se encuentran supeditados al ayuntamiento del que forman parte y que sólo poseen “facultades administrativas”.
El decreto se publicó en el Periódico Oficial del Estado (POE) el 30 de diciembre de 2013 y le tocó al gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas (2011-2017) defender su implementación en las 657 juntas auxiliares de la entidad a lo largo del año siguiente.
La protesta del 9 de julio de 2014 realizada por habitantes de Chalchihuapan, y reprimida por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado, fue producto de la inconformidad que generó el retiro del registro civil de esa comunidad del municipio de Ocoyucan.
La muerte del niño José Luis Tehuatlie Tamayo, por el impacto de un proyectil que lanzaron los uniformados, y las decenas de heridos de gravedad que dejó la intervención policiaca, provocaron diversas manifestaciones multitudinarias en la capital poblana que concluyeron con la detención de los líderes, entre estos el ex edil auxiliar de Chalchihuapan, Javier Jairo Montes Bautista.
Gobierno y Congreso violaron los derechos humanos, acusa Olmedo
Rocío García Olmedo, coordinadora del grupo parlamentario del PRI, explicó que los presidentes de las juntas auxiliares se conducían como jueces del registro civil, antes de la reforma de 2013.
“Les fue retirada esta facultad, como otras, y esto vino a generar muchas afectaciones a miles de personas, muchos recién nacidos se quedaron en muchos momentos sin ser registrados, justamente porque las familias poblanas de las juntas auxiliares no tenían recursos para acercarse hasta los municipios cabecera para poder hacer este trámite.
“Muchas familias del estado dejaron de sacar sus certificados de defunción por el mismo tema, de manera pues que todo esto violó los derechos humanos de las personas”, manifestó en tribuna, al anticipar su aval a la reforma.