Carmen de mirar profundo

El episodio periodístico que ha puesto en el escenario nacional las andanzas del presidente del PRI–DF nos lleva a analizar el caso, no como el problema personal del Ciudadano Gutiérrez y su negocio; sino como un auténtico botón de muestra que ilustra y define, empíricamente, la naturaleza del sistema político mexicano. Botón emblemático porque posibilita entender y explicar las razones por las cuales nuestro país vive este aciago momento de su historia. No se trata de cualquier comité estatal; se trata del asentado en la capital de la República, centro político desde donde se dirigen los destinos nacionales. Tampoco se trata del  placer o las perversiones de un dirigente; se trata del uso del erario, instalaciones, institucionalidad y poder del partido, cuyo equipo político ha controlado al Estado mexicano más de 80 años, para el desarrollo y protección de un negocio comparable a delincuencia organizada.

Hablar de delincuencia organizada es reunir en dos palabras, una variedad de actividades (narcotráfico, trata de personas, robo de vehículos, contrabando, robo en ductos, tráfico de armas, migrantes, lavado de dinero, etc.) cuyo fin preponderante es la obtención de lucro de la más alta rentabilidad. Podemos, en este sentido, caracterizarlas como actividades paraempresariales. El elemento que las separa y distingue de las empresariales, está en la calificación de ilicitud que puede recaer sobre las primeras. Al hablar de ilicitud entramos al ámbito del derecho. Conforme a derecho se requiere no solo que la actividad humana susceptible de calificarse como ilícita esté prevista, regulada y amenazada con una sanción; sino, además, exige que un hombre dotado de autoridad, es decir, que forme parte del Estado, así lo declare formalmente mediante un discurso jurídico que tenga el carácter de resolución firme. Será entonces cuando el individuo que desplegó tal actividad, reprobada en la letra de la ley, podrá ser calificado como delincuente y fijársele una sanción. No se aprecia conflicto abierto cuando el individuo, cuya actividad humana es objeto de calificación por los hombres del Estado, no forma parte de éste. El problema se presenta cuando se materializa la posibilidad de que las calidades de “hombre del Estado” y “criminal” aparezcan fundidos en una misma persona como ocurre con el caso Gutiérrez de la Torre. Este es el filón de inducción–deducción descubierto por Carmen Aristegui. Su reportaje conduce a reexaminar la enseñanza de la Convención de Palermo (Italia, 2000): “no existe delincuencia organizada, sin protección gubernamental”.

Aún más, a mirar las envilecidas consecuencias sociales que tiene el fomento político–empresarial del desempleo nacional como forma de miserabilizar el trabajo humano. De castigar los mecanismos legales de distribución de la riqueza social y privilegiar los ilícitos. Veamos. El modus operandi basado en el engaño sobre la naturaleza del trabajo ofrecido como “edecanes”, no ocultó que se desarrolla en oficinas “gubernamentales”; tampoco revela el destino futuro de la prestación de tales servicios. El sueldo ofrecido oscila entre 8 y 14 mil pesos “según aptitudes”. Ahora podemos entender mejor la gran connotación significativa que puede adquirir el vocablo “aptitud”. Estas extensiones del lenguaje llevadas al ámbito de lo oficialmente “laboral” nos auxilian para comprender los posibles y reales alcances que pueden llegar a tener expresiones en boga junto a la institución del libre despido.


Flexibilización y multihabilidades fueron utilizadas para censurar la regla que facultaba al trabajador(a) a negarse a prestar servicios para los que no había sido contratado. Productividad y competitividad se usaron para promover la incursión empresarial en la globalización y sirvieron como pretexto para arrojar sobre la espalda de los trabajadores (de las trabajadoras, parece que no sólo la espalda) el peso de incrementar la producción de bienes y servicios con que las empresas compiten en el mercado con abundantes mercancías a bajo precio. Los bajos precios no pueden ofrecerse sino a condición de que los costos de producción sean bajos. La fuente social permanente de los bajos costos en la producción es –no única pero sí la fundamental– la precarización del trabajo y la contención de los montos nacionales del salario. ¿Cuál es la motivación principal por la que las jóvenes aceptan incursionar en un “trabajo” que conlleva a su prostitución y menoscabo de su dignidad como seres humanos? Ganar unos pesos más de salario. Que el gobierno reduzca en las leyes, con la fuerza del estado, los derechos laborales de los trabajadores ha traído por consecuencia su empobrecimiento generalizado como clase social. Engañar, luego, a la sociedad con filantropías perversas como cruzadas contra el hambre, juguetes de regalo para los niños pobres, ayudas a madres necesitadas u otras similares, implica exhibir miseria moral en el ejercicio gubernamental de conducción política del país, por estar fincada en la irracional desvalorización del trabajo que da pie a la degradación del ser humano frente al poder del dinero.

Lo que la mirada profunda de Carmen ha mostrado es la simbiosis político–delincuencial en un hombre del Estado, dejando al desnudo la miseria moral visible en la dualidad misma, que no solo desnuda mujeres sino que hace de ello un negocio de alcances inimaginables al amparo del poder público. El hecho proporciona una atendible explicación sobre probable causa de la impunidad reinante en la materia. La añeja permanencia de esta simbiosis en la vida política de México, indica que se trata de un componente básico del funcionamiento del sistema político mexicano, como sostén de la economía de mercado y sus crisis.