El Congreso del estado cerró el segundo periodo ordinario de sesiones con la aprobación de ocho reformas al marco normativo del estado en materia electoral y penal, la creación de dos nuevas leyes para fortalecer la educación y la protección de datos personales, así como la validación de dictámenes de 196 cuentas públicas en la que se fiscalizó la aplicación de 16 mil 800 millones de pesos en 2011 de diversos sujetos de revisión.
Entre los proyectos legislativos que recibieron el aval del pleno se encontró la reforma constitucional que permitirá el registro de candidaturas independientes a partir de 2018 y las dos iniciativas del gobernador Rafael Moreno Valle que reestructuraron la Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes.
En la misma sesión ordinaria, el pleno autorizó además al titular del Poder Ejecutivo del estado a donar al Poder Judicial de la Federación un terreno de 15 mil metros cuadros que se destinará a la construcción del primer juzgado oral de la zona metropolitana.
A partir de este jueves el Congreso ingresará a un periodo de receso al frente del cual se encontrará la Comisión Permanente, la cual encabezará el diputado priista Gerardo Mejía Ramírez, a quien el pleno nombró ayer presidente de la Mesa Directiva para los últimos seis meses de la LVIII Legislatura.
Las iniciativas y cuentas públicas aprobadas se dictaminaron en las últimas dos semanas, pero la mayor parte del trabajo legislativo se concentró el lunes y el martes pasado ya que en un día sesionaron más de cinco comisiones, a diferencia del primer semestre de este año, en el que esos órganos legislativos permanecieron prácticamente inactivos o tuvieron problemas para reunirse por la ausencia de los diputados, la mayoría de los cuales se dedicaron de lleno a las campañas electorales.
Un ejemplo fue la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, la cual dictaminó el martes 199 cuentas públicas en una mesa de trabajo que duró dos horas. Sin embargo, del listado se retiraron ayer las cuentas de los municipios de Aquixtla, Cañada Morelos y Esperanza, correspondientes a los últimos 45 días de gobierno de las autoridades pasadas, sin que se explicaran los motivos de la determinación.
Este año los medios de comunicación conocieron que ese órgano legislativo, presidido por el panista Jesús Zaldívar Benavides, sesionó sólo dos veces este año y aún enfrenta un rezago de 500 cuentas públicas por dictaminar.
Actividad legislativa
Las nuevas leyes que aprobó el Congreso son Educación Inicial y Protección de Datos Personales, las cuales recibieron el respaldo unánime de los 40 diputados que asistieron a la sesión.
La ley de datos establece que la información personal de los ciudadanos deberá concentrarse en “Sistemas de Datos Personales” que elaboraron las autoridades de todos los niveles, las cuales además tendrán la obligación de establecer medidas para resguardar la información.
En tanto, la Ley de Educación Inicial determina que la Secretaría de Educación Pública del estado tendrá a su cargo la responsabilidad de desarrollar información, materiales educativos y programas educativos que repercutan en la educación del niño desde los 45 días de su nacimiento hasta su ingreso a la educación preescolar.
Entre las reformas se encuentran dos modificaciones al Código Penal del estado para que el robo a transeúnte sea penalizado como un delito grave en caso de perpetrarse con violencia, y para derogar la sección cuarta de “Rapto”, modificándola por “privación de la libertad con el propósito de realizar un acto sexual”.
El dictamen de las cuentas públicas se aprobó por mayoría de votos, en 25 casos para iniciar un procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades contra sujetos obligados a los que se les acusa de malversar 800 millones de pesos, destacando el caso del ex funcionario marinista Raúl Velázquez García, ex director de Sicom (ahora Puebla TV) que no ha comprobado la aplicación de 17 millones de pesos. Las 171 cuentas restantes fueron aprobadas.