Encabezados por el dos veces candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, la dirigencia del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) interpuso ayer una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, por el encarcelamiento y hostigamiento de diversos luchadores sociales.
Martí Batres, presidente nacional del instituto político, afirmó que más de 40 activistas de varias comunidades –entre ellas Cholula, San Miguel Canoa y San Bernardino Chalchihuapan– han sido acusados injustamente de delitos como ataques a las vías de comunicación para intimidarlos e impedir que se organicen.
Andrés Manuel López Obrador, presidente del consejo nacional de Morena, apuntó que estos luchadores sociales han sido encarcelados por oponerse a megaproyectos que implican un despojo a sus territorios, como gasoductos y oleoductos, muchos de ellos construidos por empresas de capital español.
“El poder de los poderes en Puebla lo encarna el gobernador. No se puede hacer nada por la vía de la justicia. (Moreno Valle) es un dictadorzuelo que comete muchos atropellos”, enfatizó el ex jefe de gobierno capitalino, según un despacho de La Jornada en Línea.
Batres coincidió en que el mandatario poblano es “un sátrapa, represor y completamente insensible al dictado de las leyes y el derecho”.
Ambos manifestaron su interés en que la CNDH ayude a investigar los abusos cometidos por Moreno Valle y liberar a los presos políticos.
Además de López Obrador y Martí Batres, acudieron ayer al edificio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos los senadores Layda Sansores, Manuel Bartlett Díaz y el coordinador de la fracción parlamentaria del Morena en la Cámara Baja del Congreso de la Unión, Ricardo Monreal Ávila.
También estuvieron los legisladores Rabindranath Salazar Solorio, Mario Delgado, Martha Palafox y David Monreal Ávila.
La queja fue recibida de manera personal por el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, quien estuvo acompañado de acompañado Ismael Eslava Pérez, Primer visitador general; Enrique Guadarrama López, segundo visitador general, y Jorge Ulises Carmona Tinoco, sexto visitador general.
Según un boletín dado a conocer por el organismo, los quejosos señalan “reiteradas violaciones a los derechos humanos en agravio de los habitantes” de Puebla, así como conductas como “represión, persecución y encarcelamiento contra cualquier disidencia social”.