El ex alcalde interino de Puebla, Héctor Montiel García denunció que los empresarios inmobiliarios Gabriel y Rafael Posada Cueto son los principales sospechosos del atentado que estuvo a punto de quitarle la vida el 12 de agosto pasado, ya que su muerte daría fin a un litigio de ocho años que inició en contra de los hermanos por el despojo de un terreno de 72 mil metros cuadrados que se localiza en el exclusivo complejo residencial Lomas de Angelópolis.
Los Posado Cueto no son los únicos señalados por el liderazgo del PAN, ya que la lista que elaboró de posibles responsables involucra a un total de siete personas relacionadas con la disputa de ese inmueble, entre quienes se encuentran los notarios públicos Víctor Manuel Cortés Padilla, Susana Romero de Martin y Silvia Hernández Aguilar.
En conferencia de medios, Héctor Montiel consideró “posible” que los empresarios hicieran uso de su cercanía con el grupo político que encabeza el ex gobernador albiazul Rafael Moreno Valle Rosas para perjudicarlo, pero aclaró que no tiene elementos para comprobarlo.
De paso, aseguró que sí ha sido objeto de espionaje por parte de Moreno Valle, pero a su parecer esa vigilancia ilegal obedeció a sus actividades políticas dentro de Acción Nacional y no al conflicto jurídico que encabeza con los Posada Cueto.
El ataque no tuvo un móvil político, dice
Siete semanas después de que le disparara en el pecho una persona encapuchada en el Centro Histórico de Puebla, Héctor Montiel afirmó que el ataque “no tuvo nada que ver” con sus actividades políticas ni con la inseguridad de la capital.
“El intento de asesinato del que gracias a dios salí con vida es consecuencia de la defensa que he hecho de unos terrenos que compré hace 17 años y de los cuales ese grupo delictivo con nexos con el poder local y federal me han querido despojar con la ayuda de jueces y notarios”, manifestó en alusión a los Posado Cueto.
El predio tiene un valor de 500 millones de pesos y se encuentra en litigio desde 2009, por lo que no se ha podido urbanizar, explicó.
Refirió que al morir su esposa convino con sus tres hijos repartir el terreno, para lo cual le firmaron un contrato de donación y uno de sus hijos le giró tres cheques. Sin embargo, aconsejados por su cuñada la notaria 2 de Tecamachalco, Susana Romero, con la ayuda de la notaria 1 de Huejotzingo, Silvia Hernández, y el notario 29 de Puebla, Víctor Manuel Cortés, “hicieron diferentes fraudes para tratar de que no pudiera reclamar” la propiedad.
Aseguró que en el fraude también participó Ismael Velázquez González, quien fue su abogado, así como Mauricio Romano Torres, ex comandante de los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (Cusaem) y empresario de casinos.
El panista hizo responsable a los Posada, a los tres notarios, a su ex defensor jurídico y a Mauricio Romano de cualquier cosa que pudiera dañar su integridad, al tiempo de demandar al fiscal General del Estado, Víctor Antonio Carrancá Bourget, a investigar a las siete personas y dar con los culpables del atentado.