El Congreso del estado consiguió por segunda ocasión retrasar el litigio que promovió en su contra el ex presidente municipal de Puebla Eduardo Rivera Pérez, a través del cual ese liderazgo del PAN pretende que se anule la inhabilitación por 12 años que le impusieron los diputados.
El juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales pospuso una audiencia que se celebraría ayer para atender el tema hasta el 28 de junio próximo.
Fuentes de equipo jurídico de Rivera explicaron a La Jornada de Oriente que la prórroga se ordenó debido a que el Congreso y la Auditoría Superior del Estado (ASE) entregaron los informes del caso al final del plazo establecido por la autoridad judicial.
Busca Congreso una salida política para el litigio
Aunque el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Jorge Aguilar Chedraui, ha negado el uso de tácticas dilatorias en el caso, lo cierto es que el Congreso ya logró retrasar la audiencia señalada dos meses, pues originalmente se programó el 25 de abril.
Integrantes del Poder Legislativo local –que conforman el Congreso y la ASE—aseguraron a La Jornada de Oriente de manera extraoficial que los retrasos sí forman parte de una estrategia jurídica que pretende alargar el juicio todo lo posible para que al final se resuelva a través de una negociación política, la cual tendrá como marco la elección de 2018 en la que Rivera pretende presentarse como aspirante del PAN a la gubernatura.
De acuerdo con las personas consultadas, la negociación la busca el grupo panista del ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, el cual tiene el control del Poder Legislativo y se opone a la postulación de Rivera.
Retienen Congreso y ASE información requerida por el juez
El juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil pospuso la audiencia del 25 de abril debido a que sólo la Dirección Jurídica de lo Contencioso de la ASE presentó el informe requerido.
Ese mismo día, el integrante del Poder Judicial de la Federación ordeno al Congreso, a la Comisión Inspectora y a la auditoría Superior remitir copias certificadas de todas las constancias que integran el procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades 131/2016 que derivó en la orden de inhabilitación contra Rivera.
El juez estableció un plazo de tres días, contados a partir de la notificación del acuerdo, para que las instancias señaladas cumplieran con la entrega de la información, bajo la amenaza de que les impondría una multa de no hacerlo.
Ayer, el juzgado confirmó que ya tiene en su poder la documentación requerida, pero estableció una prórroga de poco más de un mes para celebrar la audiencia.