El presidente del Instituto Electoral del Estado (IEE), Jacinto Herrera Serrallonga, la secretaria Ejecutiva, Dalhel Lara Gómez, y la directora de Prerrogativas, Amalia Osvelia Varela Serrano, son responsables de la manipulación de las cédulas de apoyo que recibió Ana Teresa Aranda Orozco para registrarse como candidata independiente a la gubernatura en 2016, denunció el ex representante legal de Aranda, Víctor León Rueda.
Resulta en verdad inaudito lo que sucede con el órgano comicial local, pues desde su integración se advirtió que sus integrantes carecían de probidad e independencia para cumplir con las garantías de imparcialidad y pericia que demanda la tarea que legalmente tienen encomendada.
En el caso que nos ocupa no se puede pasar por alto que se ha denunciado la alteración de documentos que están protegidos no solo por la ley electoral sino por la Ley de Transparencia y Protección de Datos y que, por tanto, debieron ser resguardados con el mayor celo y seguridad por parte del IEE.
Ahora que ya ha quedado claro que el abogado Víctor León es inocente de las imputaciones falsas que se le hicieron, es necesario investigar la responsabilidad que han tenido los consejeros del IEE en la alteración mencionada.
De todas formas, por el cúmulo de irregularidades que han cometido a lo largo de la existencia del actual IEE, los consejeros deberían presentar su renuncia.