Por considerar que el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, presentado por el presidente Enrique Peña Nieto el pasado lunes, tiene objetivos políticos y mediáticos, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) presentó este martes una propuesta denominada el Acuerdo que México Necesita, el cual debe ser fruto de la participación ciudadana y escuche las propuestas de los sectores en el país.
Al respecto, el presidente del Centro Empresarial de Tlaxcala (CET), José Carlos Gutiérrez Carrillo informó que el Acuerdo que México Necesita de la Coparmex es solidario y busca que todos los mexicanos pongan su responsabilidad con el país por delante, que proteja a la economía familiar e impulse la competitividad y el desarrollo de todos, particularmente de quienes más lo necesitan. Además, que impulse a las pequeñas empresas, a los emprendedores y a la innovación.
“México exige un compromiso sí, pero no que tenga objetivos políticos o mediáticos solamente, sino uno que realmente toque la realidad del país, la economía familiar, la clase media, que ponga la mirada en nuestras fortalezas y no en nuestras debilidades”, refirió José Carlos Gutiérrez Carrillo.
Asentó que el acuerdo que necesita México debe tener metas concretas, cuantificables y calendarizadas. También que incluya los temas más críticos de la agenda económica y política del país y con métricas que permitan evaluar el avance en la dirección correcta.
“Ese acuerdo solo puede surgir de la sociedad. Es por ello que los ciudadanos debemos tomar la discusión en nuestras propias manos y comencemos a exigir acciones específicas, pues un acuerdo real comienza poniendo en la mesa los temas propuestos para que todos puedan opinar, enriquecer y debatir sobre ellos. Lejos de pretender establecer una agenda única de temas, Coparmex pone las líneas de acción para debatir el rumbo que debe tomar un acuerdo nacional”, apuntó.
Tras recordar que la Coparmex no firmó el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar del presidente Peña Nieto, Gutiérrez Carrillo citó algunas de las líneas de acción que propone este sindicato patronal.
Eliminar por lo menos a la mitad los 37 programas sociales duplicados que ha identificado el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), pues se estima que en 2017 se gastarán más de 200 mil millones de pesos en estos esquemas, incluyendo algunos que tienen un alto riesgo de ser clientelares como los comedores comunitarios y los llamados “servicios a grupos con necesidades especiales”.
Establecer un mapa de ruta puntual con acciones detalladas para lograr tener un padrón único de beneficiarios de programas sociales a nivel federal y estatal en 2018.
El padrón debe incluir todos los programas sociales para evitar que el clientelismo electoral duplique el número de beneficiarios.
Asimismo, establecer un calendario de implementación para armonizar las legislaciones estatales en materia regulatoria y la ventanilla única a más tardar en 2018.
Aprobar de inmediato la deducibilidad al 100 por ciento de las prestaciones laborales a fin de crear empleos más dignos.
Generar un nuevo esquema de bonos de productividad que no tenga carga fiscal y vaya de forma inmediata al salario de los trabajadores mexicanos.
Crear de la mano con la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) un plan para asegurar condiciones de competencia en gasolinas, a fin de que los precios sean lo más competitivos posibles.
Actualizar en 2017 las métricas de pobreza de Coneval, con datos comparables a 2014, y fijando metas anuales para erradicar la pobreza extrema.
El establecimiento de un Consejo Fiscal Independiente en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), como lo ha propuesto el Fondo Monetario Internacional, a fin de evitar que la deuda continúe aumentado a tasas de 14 por ciento anual.
Implementar verdaderos recortes de presupuesto público, ya que el gasto del gobierno federal creció 5.9 por ciento en términos reales de enero a noviembre del año pasado, lo que muestra que los supuestos recortes al gasto que se hicieron en 2016 simplemente no fueron implementados.
Evitar más aumentos de precio en la gasolina en meses subsecuentes, dado que existen recursos excedentes de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y de la venta de petróleo. En 2016, el IEPS por gasolinas recaudó 29.3 por ciento más de lo esperado, esto es 67 mil millones adicionales a lo presupuestado, que pudieran ser utilizados en reducir los precios de la gasolina.
Establecer métricas concretas de compromisos de reducción anual del dispendio de recursos públicos, reduciendo el gasto en publicidad gubernamental y comunicación social, financiamiento a los partidos políticos y prestaciones laborales extraordinarias de los funcionarios públicos. En 2015 el gasto presupuestado en comunicación social y publicidad se triplicó, pasando de 2.7 a 7.6 miles de millones de pesos.
Asiismo, establecer una partida presupuestal específica de inversión pública para crear refinación doméstica y ductos que reduzcan el costo de la transportación de gasolina. Al momento, se importa el 60 por ciento de las gasolinas.
Establecer sanciones fiscales para los estados que no cumplan con la implementación de sus sistemas locales anticorrupción, y para aquellos que no homologuen su ley de la cuenta pública o que no mejoren en el índice de transparencia presupuestal.
Gutiérrez Carrillo mencionó que estas propuestas son debatibles, mejorables y complementadas, pero sí establecen ideas específicas con impacto real en la economía, particularmente la economía familiar.