Violeta Lagunes Viveros, vocera de la asociación civil Todos para Todos, denunció que la reforma anunciada por Rafael Moreno Valle para hacer frente a los feminicidios se convirtió en un acto de lucimiento personal que no ayudará a erradicar el problema.
Solo propone agravar las sanciones sin reducir el alto nivel de impunidad que tienen las agresiones contra la mujer, lamentó la feminista, quien forma parte de un movimiento ciudadano nacional que exige la alerta de violencia género para 23 entidades federativas del país, entre éstas Puebla.
En entrevista con La Jornada de Oriente también criticó que el mandatario esperara el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, conmemorado el 25 de noviembre, para dar a conocer la iniciativa, pues desde junio pasado su gobierno se encuentra emplazado a llevar a cabo esas acciones para reducir los feminicidios.
El proyecto anunciado por Moreno Valle consiste en reformar el Código Penal de Puebla para calificar la violencia de género reiterada como tentativa de feminicidio, a la que se sancionará hasta con las dos terceras partes de la pena de prisión considerada para el asesinato de una mujer por razón de odio, que va de 40 a 60 años, y se calificará como delito grave, de acuerdo con información difundida por el gobierno.
Fracasa reforma que agravó sanciones contra el asesinato de embarazadas
Múltiples experiencias en México han demostrado que el incremento de las sanciones no inhibe los delitos, manifestó Violeta Lagunes al tiempo de referir como ejemplo una reforma impulsada por los coordinadores parlamentarios del Congreso de Puebla en septiembre pasado.
“Cuando aumentaron las sanciones en caso de feminicidios perpetrados a embarazadas a 70 años de prisión, la decisión no influyó en los chavitos para que ya no asesinen a sus novias embarazadas porque siguen presentándose estas situaciones”, argumentó.
La ex diputada federal del PAN concluyó que la reforma propuesta por el mandatario local ni ninguna del mismo corte tendrá éxito mientras la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Poder Judicial de la entidad no persigan y sancionen a los responsables de las agresiones y no se pongan en marcha programas de prevención.
También consideró indispensable la apertura de la administración pública, pues acusó una cerrazón permanente desde que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) emitió 11 recomendaciones al gobierno poblano en junio pasado –tendientes a reducir las agresiones contra las mujeres–, luego de que Todos para Todos y otras organizaciones solicitaran la emisión de la alerta para el estado.
En esa lógica, dio a conocer que el colectivo del que forma parte, junto con la Red Plural de Mujeres, sigue a la espera de que el secretario General de Gobierno, Diódoro Carrasco, conteste el oficio que le entregaron la semana pasada para solicitarle que los incorpore a los trabajos de atención a las observaciones de la Conavim.
Ilustró que la Constitución confiere cinco días a las autoridades para responder las peticiones ciudadanas, término que vence el miércoles próximo en el caso del escrito turnado a Carrasco.