Lo que está sucediendo en Puebla ya raya en lo escalofriante: este fin de semana tres jóvenes murieron asesinadas, con lo que el número de feminicidios aumentó a 65 en lo que va del año, lo que equivale a siete homicidios por causas de género al mes, casi como un crimen de esta naturaleza a la semana.
De esta situación hay una amplia responsabilidad en el gobierno del estado, pues aun y cuando los otros dos niveles de la administración público también tienen su parte en lo que sucede, es la instancia del Poder Ejecutivo local la mayormente obligada a brindar garantías de seguridad a la población.
Sin embargo, el gobierno que encabeza Rafael Moreno Valle Rosas, lejos de hacer caso a las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones educativas de educación superior, los organismos especializados, académicos, estudiosos, activistas y a la sociedad en general que recomienda y clama la emisión de una alerta de género para enfrentar la grave violencia que padecen las mujeres en la entidad, se dedica a emitir todo tipo de pretextos al respecto.
No hay siquiera una campaña intensiva en los medios de comunicación para disuadir a los hombres que maltratan y agreden consuetudinariamente a las mujeres, y ya resulta bastante iluso pedir que las respuestas a los reclamos de justicia de los deudos sean escuchados, pues el aparato de investigación ministerial se encuentra bastante deteriorado por la reducción de personal y por el uso político que se ha dado a sus funciones.
65 feminicidios cometidos en los que va del año en Puebla
Karla Mireya García Paredes, de 18 años, pariente del fotoperiodista Abraham Paredes García –miembro fundador de La Jornada de Oriente- desapareció el 23 de septiembre pasado. Su cuerpo fue hallado la mañana del este viernes, dentro de una bolsa de plástico, en un terreno ubicado en la intersección de los caminos conocidos como “Malpais” y “Xahuenzol”, con rumbo a San Cosme Xahuentzo, perteneciente al barrio de El Cristo, en San Pablo del Monte, Tlaxcala.
Desde su desaparición, en las redes sociales circuló la foto de un joven y una mujer, a quien se identifica como madre de éste, a los cuales se responsabilizó en su momento por la suerte de Karla Mireya García Paredes.
Ayer por la mañana, en un entronque de la capital colindante con el municipio de Santa Clara Ocoyucan, fue hallado el cadáver de una mujer de aproximadamente 30 años de cabello largo negro, complexión robusta, tez clara y de aproximadamente 1.60 metros de estatura.
El cuerpo, que no ha sido identificado, fue hallado en San Andrés Azumiatla, junta auxiliar de la capital poblana y presentaba varias huellas de la agresión cometida por él o los victimarios: del lado derecho del tórax tenía una herida causada al parecer con un arma blanca y en la cabeza estaba otra lesión que, se presume, le arrancó la vida.
La mujer fue arrojada desde un puente hasta el río Atoyac. Eso fue lo que informaron los agentes periciales de la Fiscalía General del Estado que iniciaron las indagatorias, pues uno de los zapatos de la víctima fue hallado en esa vialidad.
El viernes se conoció la noticia del feminicidio de Tania Nadshiely Verónica Luna, estudiante de Sociología en la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), quien fue ultimada en su domicilio.
Ante estos hechos, el Comité para la Libertad de los Presos Políticos y contra la Represión Social en el Estado de Puebla, emitió ayer por un posicionamiento, en el que apunta:“Aunque las cuentas no son del todo coincidentes porque el gobierno de Puebla no da la información correctamente, en este año las mujeres asesinadas suman una cantidad superior a 60, y en lo que va del sexenio gobernado por Rafael Moreno Valle, más de 300.
“El dolor de las familias y los círculos sociales de las muertas es indescriptible, pero las dependencias estatales sometidas por el actual gobernador no actúan para llevar a cabo medidas que frenen esta tendencia ascendente de criminalidad contra el sexo femenino. También en todos los ámbitos de la vida social se ha incrementado la delincuencia, y tampoco se aprecia de parte de la autoridad más que desdén, lo que no es otra cosa que desprecio por la vida humana y la seguridad de los ciudadanos.
“Llamamos a la sociedad a que se pronuncie contra la inmovilidad del gobierno y exija que se investigue la complicidad de funcionarios con el crimen actuante, porque hay muchas evidencias de ello. Exigimos a las autoridades que cumplan con la función de garantizarnos seguridad, tal como es su obligación. Tenemos un estado muchas veces más inseguro que hace seis años, hay que decirlo, y la dinámica sin duda es más acelerada. Las fuerzas del orden y la impartición de justicia parecen dedicadas a reprimir movimientos sociales y proteger los intereses al parecer no tan lícitos de los principales funcionarios gubernamentales”.