Viernes, abril 26, 2024

Puebla, tierra fértil para atentados contra periodistas

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La noche de este miércoles la colega Aranzazú Ayala, quien es reportera de Lado B, recibió –vía twitter– una amenaza de muerte con el sello distintivo del narco o de la violencia política. Esta agresión no debe pasar desapercibida debido a que Puebla se ha convertido en un terreno fértil para los atentados contra periodistas, activistas sociales y críticos del gobierno. Todo ello es consecuencia de la impunidad solapada por la administración de Rafael Moreno Valle Rosas.

Las agresiones contra periodistas han tenido un crecimiento inusual durante la gestión de Moreno Valle y a lo largo de los últimos seis años no hay ningún caso aclarado. Hasta ahora no existe una sola acción legal contra los responsables de robos, amenazas, golpes o abusos cometidos por manos anónimas, servidores públicos o agentes policíacos del sector público y privado en contra de comunicadores poblanos.

Simplemente a Rafael Moreno Valle Rosas no le interesa llevar una relación cordial con la prensa. Por eso muchos de los periodistas que supuestamente le hablan con respeto al gobernador en el fondo no lo hacen por convicción, sino por el miedo a ser objeto de la represión morenovallista.

Nunca se ha percibido el más mínimo interés de Rafael Moreno Valle Rosas de que se investigue y se castigue a los responsables de la violencia contra comunicadores poblanos. Su aversión hacia la prensa se refleja en que dentro del Poder Ejecutivo no se pone la más mínima atención a los asuntos relacionados con atentados contra la integridad física o el patrimonio de periodistas.

Una muestra de esa indolencia es que el pasado 3 de febrero la colega Paula Carrizosa, responsable del área de cultura de La Jornada de Oriente, de manera absurda y cobarde fue agredida por Javier Trejo Mendoza, quien es el encargado de despacho del organismo Puebla Comunicaciones.

El motivo de la agresión es que Paula Carrizosa estaba haciendo anotaciones en una libreta al momento en que Rafael Moreno Valle Rosas, ante unos 300 invitados, les mostraba el nuevo Museo Internacional Barroco. Eso dio pie para que Javier Trejo Mendoza le prohibiera a la reportera de La Jornada de Oriente publicar información sobre ese recinto, bajo los gritos de que estaba “¡advertida!”.

Hasta ahora nadie del gobierno del estado ha ofrecido alguna disculpa o investigar lo ocurrido. Y nadie lo hace porque en el Poder Ejecutivo todos le tienen temor a Rafael Moreno Valle, ya que es de sobra es conocido el odio del gobernador hacia los periodistas.

Frente a tal comportamiento es pertinente preguntarse:

¿Qué respuesta se debe esperar del gobierno del estado ante las amenazas que ayer sufrió una reportera de Lado B?

La respuesta es sencilla: habrá un silencio cómplice del Poder Ejecutivo.

¿O usted lector conoció alguna postura que manifestara preocupación o enojo, de parte del gobierno de Moreno Valle, porque hace un par de días se encontró en territorio poblano el cuerpo sin vida de la periodista veracruzana Anabel Flores Salazar?

Por supuesto que no hubo nada, fuera de informar que ya se había identificado a la reportera oriunda de Orizaba.

A esos de las 20:30 horas de ayer, a la cuenta de twitter de Aranzazú Ayala llegó el siguiente mensaje:

#AniquilaUnPeriodista Por que son narcos periodistas como @aranhera No podemos permitir más manipulación de la información. Somos 43

Aranzazú Ayala se ha dedicado a escribir sobre temas ambientales y eso enoja mucho al gobierno del estado.

Para nadie es un secreto que a Rafael Moreno Valle le molesta el tema de protección del medio ambiente, ya que a dicho asunto lo ve como un estorbo para la proliferación de desarrollos inmobiliarios o la construcción de obras públicas.

Preocupa en extremo que brote este tipo de mensajes, luego de que otro colega, Álvaro Delgado, de la revista Proceso, ha recibido una ola de amenazas similares.

No se debe descartar que a Puebla vinieron a arrojar el cuerpo de Anabel Flores Salazar porque quizá los asesinos materiales o intelectuales confían que en el estado a las autoridades no les gusta investigar la violencia contra periodistas.

Y no se equivocan.

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