En días recientes la ex legisladora del PAN y ex integrante de la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP), Josefina Buxadé Castelán, fue incorporada a un alto cargo en la Secretaría de Educación Pública (SEP). El nombramiento de esta polémica mujer parecería ser una estrategia de fin de sexenio para que se encargue de frenar las solicitudes de información que se hagan respecto al obscuro manejo que se ha hecho del presupuesto de la SEP.
Dicha función ya la jugó Buxadé en meses recientes, ya que se sabe que luego de quedarse desempleada al concluir la pasada Legislatura local se acabó refugiando como una especie de asesora del área de Comunicación Social del gobierno del estado, en donde ella se encargaba de recomendar la manera de rechazar solicitudes de acceso a la información dirigidas al Poder Ejecutivo.
Aunque Buxadé se define en su perfil de Twitter como una “transparentologa”, en realidad su trayectoria en los últimos cuatro años ha sido penosa y una traición a los ideales que representaba, pues de ser una respetada académica que luchaba por la transparencia y los abusos cometidos en el gobierno de Mario Marín Torres, en el presente sexenio se convirtió en el artífice de la opacidad de la administración de Rafael Moreno Valle.
Buxadé jugó un papel fundamental para que en el año 2010 la entonces candidatura a la gubernatura de Rafael Moreno Valle Rosas fuera vista por varios sectores del electorado como un proyecto ciudadano que se proponía reformar el Poder Ejecutivo, ya que la académica de la UDLAP y ex comisionada de la CAIP al ser postulada como aspirante a diputada lo hacía planteando una agenda de temas e inquietudes generadas por movimientos ciudadanos.
Al llegar al poder, tanto Moreno Valle en el gobierno del estado y Buxadé en el Congreso local se olvidaron de la agenda ciudadana y le dieron la espalda a los electores que al margen de los partidos políticos apoyaron la campaña morenovallista, suponiendo que habría un avance democrático si se derrotaba al priismo marinista.
A lo largo de la pasada Legislatura local, Buxadé hizo oídos sordos a los reclamos sobre su actuar y se dedicó a ser una diputada más de la bancada panista que votó, a ciegas, todas las iniciativas del gobernador, sin que hubiera alguna discusión, análisis, consultas con expertos o al menos información oportuna.
Una vez que concluyó la anterior Legislatura, a Buxadé le tocó conocer la ingratitud que le caracteriza a Rafael Moreno Valle Rosas, ya que ella fue una de tantos diputados panistas que pese haber sido morenovallistas hasta sus últimas consecuencias no fueron recompensados por el gobernador y se quedaron fuera de las nóminas oficiales.
En el caso de Buxadé, se quedó esperando la promesa de que sería incorporada a un cargo de segundo nivel en el gabinete estatal o que se haría cargo del órgano de transparencia del ayuntamiento de Puebla.
Su llegada a la SEP no fue una decisión de Rafael Moreno Valle Rosas que busque premiar su abyección, sino fue una recomendación de Mario Riestra Piña, el secretario general del ayuntamiento de Puebla, para que la ex legisladora entrara a proteger la opacidad que priva en esa secretaría.
Riestra Piña mantiene una estrecha relación política con Buxadé Castelán, luego de que ambos fueron diputados del PAN, y por esa razón la pudo colocar en la SEP, la cual es una dependencia presidida por su esposa, Patricia Gabriela Vázquez del Mercado Herrera.
Además, en la SEP a los directivos les urge tapar muchos asuntos espinosos, luego de que la dependencia se ha convertido en un barril de corrupción que parece no tener fondo.
Durante este sexenio muchos servicios de la SEP fueron operados por empresas privadas, de las que se ignora bajo qué criterios, costos y beneficios fueron contratadas.
Mientras que por un lado se otorgaban onerosos contratos a compañías privadas, al grueso de los trabajadores de la SEP les quitaron beneficios económicos e insumos de trabajo.
Al mismo tiempo crece la versión de que el financiamiento a diversas campañas electorales en el país, a cargo del grupo morenovallista, se habría realizado con fondos salidos de la SEP de Puebla.
Sin contar que la operación electoral del grupo morenovallista ha descansado en un grupo de maestros, cuyo pago por esos servicios políticos ha consistido en premios laborales dentro del gremio magisterial que serían otorgados por la SEP.
Por eso era urgente que a esa dependencia llegara una experta en arreglar cañerías.