El Congreso de Puebla ha rehusado pronunciarse sobre la reforma constitucional que impulsa la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción, la cual ha sido avalada ya por once estados del país, de acuerdo con el sistema de seguimiento del Senado de la República.
Una de las nuevas disposiciones daría facultades a la Auditoría Superior de la Federación (ASE) para fiscalizar directamente los recursos federales que administren o ejerzan los estados y los municipios, así como los órganos político-administrativos de esas demarcaciones territoriales.
La enmienda constitucional aprobada a nivel federal necesita el voto a favor de la mitad más uno de los congresos locales para que el presidente del país publique dicha reforma en el Diario Oficial de la Federación y pueda entrar en vigor.
Los poderes legislativos de Chiapas, México e Hidalgo fueron los primeros en dar su aval a la minuta el 23 de abril pasado; les siguió Querétaro el 27 de abril; Sinaloa, Zacatecas, Coahuila y Campeche el 29 de abril; Tamaulipas el 30 de abril; así como Nayarit y Veracruz el 4 de mayo.
Puebla no ha discutido el tema en el interior de su Congreso, postura en la que también se mantienen los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán.