En el Valle de San Quintín hay un protagonista que cambia el perfil de las luchas en el campo: los jornaleros agrícolas, migrantes e inmigrados, indígenas y mestizos, mujeres y hombres, muchos trabajadores infantiles y comunidades en formación y consolidación. La mayoría es migrante de los estados del sur y sureste de México, es cortadora o cosechadora (principalmente de Oaxaca) y los de mayor antigüedad y avecindados que llegaron de regiones de antigua migración de estados del norte y centro, los cuales son obreros para el cultivo y riego, técnicos, mayordomos, vigilantes, trabajadoras del empaque, operadores de maquinaria y transporte, aunque también hay en menor número cortadores. Entre los migrantes también hay obreros agrícolas permanentes a los que, aún con sus aportes a la producción y la cultura, les siguen apodando y discriminando como oaxaquitas.
La creación de su lucha es antigua y ha tenido acciones y revueltas además con sucesivos y casi idénticos pliegos de demandas por salario, mejores condiciones de trabajo y de vida dentro de los campamentos, así como en las colonias pobladas por algunos desde finales del siglo pasado. Ahora su acción es organizada y con mayor posibilidad de triunfos y configuración de derechos que les han sido negados por décadas en ese valle de agricultura capitalista altamente tecnificada, exportadora de hortalizas (tomate) y frutas como la fresa y mora, pero también fruta de invernadero, especial para el nicho de consumidores estadounidenses y de Canadá y en la producción semillas “mejoradas”.
En la década de los noventa del siglo xx y a principios del xxi, en medio del crecimiento exportador de hortalizas la región pasó a competir con la de los principales valles de Sinaloa y de Sonora, los jornaleros lucharon en los grandes campos de esclavitud laboral y en pequeños grupos, comparados con lo movilizado en 2014 y 2015. Entonces se realizaron movimientos contra el pago injusto, por días de descanso y mejorare al de los albergues y de su alimentación y salud en ellos. Llegaron incluso a incendiar instalaciones de alguno de los campos y hubo una y otra vez jornaleros presos y hombres y mujeres expulsados de Baja California, “desterrados”, por aquellos que se habían hecho de una casa o rentaban viviendas precarias.
La lucha actual utiliza formas sindicalistas, y comunitarias de acción y organización: presentación de pliegos, demandas de contratación y sindicalización democrática, asambleas de miembros registrados y mítines masivos de comunidades dentro de los campamentos y en las colonias que van más allá del centro de población más conocido como San Quintín, bloqueos de la carretera transpeninsular, plantones ante oficinas de empresas y de instituciones, mítines y marchas y según deriven los acuerdos del 27 de marzo, caravanas hacia otros municipios de Baja California y hacia la capital del estado.
Su accionar se cohesionó en la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social, sus representantes son jornaleros agrícolas mixtecos, triquis de Oaxaca, Guerrero y alguna de Veracruz, más una representante jornalera. Así, los más de 80 mil jornaleros que oficialmente se reconoce trabajan cada temporada han dado una pelea ejemplar que despuntó desde octubre de 2014, luego de ver fracasadas las negociaciones en 2013 por la cerrazón de empresarios, la complicidad de funcionarios y la conducta propatronal de las organizaciones charras como CTM y CNC.
Su situación de sobre explotación y vida precaria ha sido documentada desde hace más de 20 años por investigadores, grupos de derechos humanos, algunas organizaciones sociales y políticas, e incluso promotores de las instituciones de servicio educativo, de salud, culturales y ambientalistas locales, nacionales e internacionales. Pero la fuerza ejercida por una patronal dominada por doce empresas y familias del lugar, reaccionarias y con parientes en el gobierno, además de asociación con transnacionales, frenó y aplastó las protestas y -ya en este siglo- cooptó y subordinó a las y los promotores de instituciones que habían sido creadas para apoyar a los jornaleros, volviéndolos agentes de control patronal. Esto ha ocurrido en tiempos de recorte y desmantelamiento de programas sociales que se habían creado para auxilio y control de la población residente y migrante que labora en Baja California y en los 18 o más estados donde hay agricultura y plantaciones capitalistas que ocupan a jornaleros “baratos y dóciles”.
De octubre de 2014 a marzo de 2015, se ha vivido una intensa construcción de fuerza jornalera, que actúa, reclama, se organiza, es solidaria en sus acciones y defiende sus movilizaciones ante la creciente represión. Han obtenido algunos triunfos puntuales aunque apenas inician la pelea organizada: el reconocimiento de su organización como interlocutora en negociaciones ante patrones y autoridades; visibilizar nacional e internacionalmente su lucha; organizar un amplio paro laboral, defenderse legítimamente ante el acoso de antimotines estatales; liberar a más de 100 de sus compas presos durante el bloqueo del 17 de marzo y el paro laboral posterior, cuentan con que liberarán a más de 10 que aún siguen presos.
Finalmente, tras duras negociaciones lograron un acuerdo en contra de represalias y el acoso sexual a las jornaleras, así como una respuesta insuficiente a la demanda de aumento salarial de 15 % frente a la exigencia jornalera de 200 pesos diarios y pago de 20 pesos por caja cosechada de fresa o mora. Además comprometieron a afiliar en el IMSS y dar la atención médica y de urgencia que carecen los y las jornaleras. El 28 de marzo ya emprendían una caravana que cruzo Ensenada y busca llegar a Mexicali, capital de Baja California, aunque firmaron la primera minuta de acuerdos y decidieron continuar, por ahora sin bloqueos, para avanzar por más puntos de su pliego.
No se ha tratado aun lo que podría ser la atención a las comunidades jornaleras que residen en las colonias de ese amplio valle; tampoco de los cambios legales para hacer efectivos derechos laborales y sociales para todo trabajador agrícola.
Por ello, se necesita cuidar los movimientos de la patronal y los gobernantes municipales, estatales y federales para sacar su parte en esta contienda: unos ajustan cuentas entre empresarios agrícolas medianos y grandes para que estos sigan predominando en las decisiones laborales y políticas. Mientras el gobierno federal, en voz de un ex procurador represivo y ahora secretario del trabajo, Navarrete Prida, se lamenta con demagogia del trabajo esclavo y precarizado en otros estados (los campos de San Luis Potosí han sido los destacados en ese lamento), así como del empleo de niños y niñas en los campos agrícolas.
Pareciera venir de arriba más bien una vía de control y aparente solución ante las malas condiciones como la que en el mundo y en México opera en las maquiladoras: no dar derechos laborales plenos, de por sí empobrecidos con la reforma laboral reciente, sino establecer “códigos de conducta” a las empresas con estímulos a empresarios filantrópicos de “buen comportamiento y de producción verde”, pero que no resuelven ni la depredación de la vida ni la esclavitud asalariada.
Como quería Emiliano Zapata, Flores Magón, Villa y Jaramillo, la unidad obrera y campesina tiene un actor fundamental en los jornaleros agrícolas, quienes como golondrin@s llevan su ejemplo por los campos mexicanos.