Ayer la Secretaría de Seguridad Pública dio a conocer que despidió a 400 elementos del sector, entre policías, agentes viales, custodios y bomberos, debido a que no aprobaron las pruebas de confianza que obliga el Sistema Nacional de Seguridad; sin embargo, los afectados consideran que hay al menos dos razones reales para echarlos a la calle: que el gobernador del estado pretende ofrecer sus plazas en la elección que se avecina o que se buscan chivos expiatorios por la represión en Chalchihuapan.
A nadie puede darle satisfacción que alguien pierda su empleo, pero en el caso de los servidores públicos responsables de brindar protección a la ciudadanía, las implicaciones de dejarlos sin sustento pueden ser no solo perjudiciales para ellos y sus familias, sino completamente nocivas para la sociedad, pues muchas de esas personas entrenadas en el combate a la delincuencia, con el uso de armas y logística, pueden bien fácil encontrar en el terreno del crimen una manera de salir adelante.
En el caso de Puebla, a pesar del discurso oficial, que presume altos índices de seguridad, la verdad es que las condiciones de los elementos de la fuerza pública son más bien precarias, y eso se debe en mucho a que el gobernante en turno y el grupo que lo acompaña en el ejercicio del poder tienen la tendencia a adelgazar el aparato público.
No se puede desechar tampoco la sospecha que tienen muchos uniformados acerca de que los despidos tienen que ver con una purga para que el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas salga avante de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por el caso Chalchihuapan.