Inconformes porque desde hace casi un mes se inició con la fotomulta en esta región, pobladores de Ajalpan se reunieron para analizar la posibilidad de ampararse contra las elevadas sanciones que han recibido, producto de ese programa, pues hay quien tiene que cubrir un monto superior a los 100 mil pesos.
Desde hace más de un mes se colocó la cámara, para detectar la velocidad a la que circulan los vehículos sobre la carretera Tehuacán–Teotitlán, sin avisar antes a los conductores que utilizan esa vialidad, muchos de ellos campesinos que bajan de la Sierra Negra para comercializar sus productos del campo.
En la reunión expresaron que no están de acuerdo en que se les sancione por esas multas, porque “nunca se nos notificó del arranque de ese programa” y tampoco hubo un aviso a los alcaldes de la zona.
Se calcula que son alrededor de 3 mil, las infracciones que se han aplicado en esta región, algunas de ellas de hasta 20 mil pesos, pero existen personas que han acumulado varias y eso implica cantidades económicas imposibles de pagar.
Manifestaron que son muy altas las sanciones, por lo cual pidieron que se verifique bien la ley del transporte y que el gobierno del estado explique bajo qué criterios se definieron las tarifas de las sanciones, porque con esas cantidades económicas se va a lesionar la economía de los pobladores de la región.
Resaltaron que podría aceptarse las sanciones, siempre y cuando fueran tarifas adecuadas a la situación económica que viven los pobladores, pero no cuando se quiere dejar a los conductores en la pobreza.
Aclararon que el amparo que se analiza solicitar podría ser colectivo o de manera personal, lo que todavía están por decidir, pues la del viernes fue la primera reunión que hicieron, pero van a continuar unidos para tomar decisiones juntos, y de ese modo defenderse de esas imposiciones gubernamentales.
Los inconformes pidieron asesoría a un grupo de abogados, quienes estudiarán la Ley de Transporte, a fin de que se elijan las acciones legales posibles y recurrir a la que mejor se adapte al caso de la protesta.
Uno de los argumentos que se van analizar es si la fotomulta pasó por un esquema de legalidad para poderse aplicar y si se cuenta con los requisitos para medir correctamente los límites de velocidad.
Finalmente se cuestionó también el hecho de que la cámara en ocasiones se coloca dentro de límites viales municipales y no estatales, lo cual sería una violación del gobierno del estado a la autonomía de los municipios.