Un día después de desestimar las denuncias de represión que pesan sobre el gobierno del estado, Adolfo López Badillo fue ratificado como presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla por el periodo 2014–2019 con el respaldo unánime de todas las fuerzas políticas que conforman el Congreso local.
No obstante, de los 40 diputados presentes en el recinto legislativo durante la discusión del tema en sesión ordinaria de ayer, cuatro salieron del pleno en el momento en que se sometió la propuesta a votación.
Entre los ausentes se encontraron tres priistas: el coordinador del grupo legislativo tricolor, Víctor Manuel Giorgana Jiménez, y sus compañeros de bancada José Chedraui Budib y Pablo Fernández del Campo Espinosa, este último dirigente estatal del Revolucionario Institucional.
López Badillo, quien llegó a la CDH en 2011 en medio de críticas por su cercanía con funcionarios de la administración estatal, rindió protesta ante el pleno pocos minutos después de la votación, con lo que se cerró la posibilidad de que el Poder Legislativo abriera un proceso de selección entre ciudadanos interesados en el cargo.
En una entrevista posterior a la toma de protesta, el ombudsman enfrentó cuestionamientos de la prensa sobre la detención de activistas sociales y líderes políticos por parte del gobierno del estado, similares a las que le formularon un día antes, tras comparecer ante la Comisión de Derechos Humanos del Congreso para pedir su ratificación en el cargo.
El miércoles López Badillo respondió las preguntas afirmando que las personas detenidas se encuentran en prisión porque incurrieron en conductas “arbitrarias”, no porque el gobierno del estado sea represivo.
El día de ayer el presidente de la Comisión de Derechos Humanos centró sus comentarios en el caso de Delfino Flores Melga, quien murió el 24 de junio pasado a los 90 años de edad, mientras enfrentaba un proceso judicial por denuncias de despojo en el penal de San Miguel.
El ombudsman dio a conocer que la investigación del caso sigue abierta debido a que la comisión estudia cuáles fueron las causas de la muerte para descartar cualquier tipo de negligencia por parte de las autoridades.
Ayer el Congreso también tomó protesta a María Catalina Daza Hernández como contralora interna, quien fue encargada de despacho de la Secretaría de la Contraloría del gobierno del estado de enero a julio de este año, en sustitución de Eukid Castañón Herrera, quien también forma parte del Poder Legislativo pero como diputado.
Cuestionada por los medios de comunicación sobre su cercanía con el aparato de gobierno estatal, Daza Hernández rechazó que su llegada al Congreso responda a intereses de la administración de Rafael Moreno Valle Rosas, y aclaró que envió su currículum para ser considerada en el cargo a petición de la Secretaría General del Poder Legislativo.
Asimismo, garantizó que actuará de manera imparcial en el ejercicio de sus responsabilidades, entre las que mencionó la revisión de la aplicación de recursos públicos por parte del Congreso.