El primer amparo contra la privatización del agua llegará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) esta semana y, de admitir el juicio, resolverá si procede la suspensión definitiva de la licitación que se inició en septiembre para concesionar el servicio a favor de tres compañías que integran el consorcio Concesiones Integrales.
Gilberto Vladimir Montalvo González, asesor jurídico del ciudadano que promovió el juicio de garantías, explicó que un fallo a favor de su representado obligaría al Estado a reponer todo el proceso de licitación.
La SCJN, ahondó, también analizaría la acusación de inconstitucionalidad que pesa sobre la reforma que el Congreso de Puebla aprobó el año pasado, en la cual se soportó el proyecto que impulsa el gobierno estatal para que la iniciativa privada se encargue del suministro hídrico en la capital y los municipios conurbados.
El amparo lo promovió uno de los ciudadanos que forman parte de la Asamblea Social del Agua, quienes convocaron a la ciudadanía este domingo a formar comités vecinales para defender su derecho de acceder a ese vital líquido.
Montalvo González dio a conocer que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa acordó remitir a la SCJN el amparo 1540/2013, que el 31 de octubre pasado derivó en la suspensión provisional del proceso de licitación.
Explicó que los amparos promovidos contra la licitación han impedido al Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap) firmar el contrato de concesión con las empresas ganadoras de la licitación, por lo que éstas mismas se han negado también ha entregar una contraprestación de 1 mil 400 millones de pesos.