Garantizar el derecho a la educación superior bajo condiciones de equidad y rigor académico, así como el respeto irrestricto a la autonomía de la universidad estatal y el establecimiento de criterios para evitar que escuelas particulares pretendan ganar dinero ofreciendo servicios educativos de dudosa calidad, son tres de nueve aspectos que deben tomar en cuenta los diputados de la LXIV Legislatura local para la elaboración de la Ley de Educación Superior del Estado de Tlaxcala.
Así lo expuso el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Hugo Casanova Cardiel durante su conferencia “Políticas públicas y derechos para la educación superior” que impartió este martes en el Centro Cultural de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), en el primer Foro de Análisis para la Integración de la Ley de Educación Superior del Estado de Tlaxcala convocado por el Congreso local y por la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE).
En su disertación ante funcionarios y estudiantes de este nivel de enseñanza, el también director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) de la UNAM, planteó que los legisladores locales deben contemplar que la norma establezca criterios para la distribución de atribuciones, la gobernanza, el financiamiento, perspectiva de género, además de que considere las condiciones locales y regionales y sea acorde con el medio ambiente.
Además, debe considerar cuestiones estructurales y coyunturales. En las primeras, expuso que son problemas de larga data como la cubertura, la calidad, la equidad y la responsabilidad social.
En el caso del aspecto coyuntural, explicó que concurren factores vinculados a la pandemia y en el que se incluyen aspectos de los últimos tiempos, como la educación a distancia, pero también la brecha digital, pues “algo que queda muy claro en esta época es ¿cuántos contamos con equipos de cómputo o cuántos tenemos conectividad?”.
Lo anterior porque, observó, la Ley General de Educación Superior (LGSE), con la que debe armonizarse la norma local, fue aprobada por el Congreso de la Unión antes de la pandemia de Covid-19, por lo que no contempla soluciones a necesidades que se presentaron por la contingencia sanitaria y en el caso de la ley estatal tiene la oportunidad de avanzar en ese sentido.
Respecto a garantizar a la población el derecho de acceso a la educación superior, explicó que no se trata de solo abrir las puertas a las universidades e instituciones a toda la población, sino que bajo condiciones de equidad y de exigencia académica. “Llevar calidad a donde más se necesita, no necesitamos calidad en donde vive la gente que de por sí tiene, sino los lugares más modestos, más alejados, no poner ahí al último profesor sino al primero”.
Se trata, asentó, de poner el piso parejo para las mexicanas y mexicanos en el rubro de educación pública, pues “tenemos un piso bastante asimétrico y todo depende del origen social en el que nos movemos, familias ricas dan lugar a muchachos ricos y familias pobres dan lugar a muchachos pobres, lo vemos repetido una y otra vez y se tiene que poner alto a esto”.
En materia de autonomía, Casanova Cardiel aseveró que la Universidad de Tlaxcala tiene que ser autónoma, pero atajó que esta facultad no es para hacer lo que se quiera, sino tiene que ver con el cumplimiento de su función social ante la población.
“La autonomía no es, en modo alguno, privilegio de las instituciones, vale mucho la pena decirlo aun dentro de una universidad. La autonomía es un atributo que tenemos en las universidades que la ley señala, permite que las universidades cumplan con su responsabilidad social. La autonomía la tenemos no para hacer lo que se nos antoja sino para cumplir con nuestra responsabilidad social”.
La autonomía, reforzó, tiene como destinatario final a la sociedad, o sea, “queremos la autonomía no para guardarla en nuestra casa, sino para que nuestro trabajo sea libre y para la libertad de cátedra y de investigación, no solamente la autonomía es para los profesores universitarios y para los investigadores sino para la sociedad. A través de este atributo las universidades ejercen su dirección académica, toman sus decisiones del gobierno institucional y financieras correspondientes”.
Esto, asentó, no quiere decir que puedan gastarse el financiamiento como quieran sino conforme a sus planes y programas académicos con base a la razón académica y en la racionalidad universitaria, pues son entes auditables por el escrutinio público.
En cuanto la gobernanza, tiene que ver con la participación de toda la sociedad en la construcción de las decisiones; en financiamiento, “tenemos que reclamar un financiamiento suficiente”.
Respecto de la perspectiva de género, Casanova Cardiel destacó su importancia, pues “la educación en México está profundamente feminizada. La UNAM tiene hoy mucho más estudiantes mujeres que hombres y en determinados campos las mujeres tienen presencia. Tenemos que cuidarlo, no hay de otra”.
El investigador de la máxima casa de estudios del país recomendó que la Ley de Educación Superior para el estado de Tlaxcala tiene que contar con criterios precisos para el servicio particular, “no podemos permitir que sigan haciendo negocio de manera impune bajo criterios de dudosa calidad. El que quiera ganar dinero es maravilloso, en este país no está prohibido, pero lo tienen que hacer con rigor académico”.
Consideró que la norma no puede estar ajena al contexto estatal ni regional, “tenemos que partir de las condiciones contextuales y cultuales propias del estado”, este tema y el ambiental, refirió que son planteamientos del rector de la UATx, Luis Armando González Placencia, que retomó para su disertación.
De acuerdo con Casanova Cardiel, exhortó a los diputados locales diseñar y aprobar una ley de educación superior que merece el pueblo tlaxcalteca y que cumpla con las aspiraciones de sus estudiantes, si bien, advirtió que para ello se requerirá anteponer voluntades para lograrlo.
La conferencia de Casanova Cardiel fue escuchada por el titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), Homero Meneses Hernández y por la presidenta de la Comisión de Educación de la LXIV Legislatura local, Alejandra Ramírez Ortiz, además de otros funcionarios del sector.