Durante 28 años el Relleno Sanitario de Tehuacán ha operado sin permisos, recibiendo material tóxico de la industria maquiladora de la región y expandiéndose sobre un Área Natural Protegida, denunció ayer la abogada Lizy Peralta Mercado, integrante del Centro Nacional de Ayuda a las Misiones Indígenas AC. (Cenami)
La litigante acompañó la mañana de este jueves a los integrantes del Comité de Bienes del Pueblo y Vigilancia de Santa María de la Asunción Coapan, quienes ofrecieron una rueda de medios en la capital de Puebla para exigir a las autoridades la clausura del tiradero a cielo abierto y la restitución del predio a esa comunidad indígena.
En ese marco, en un enlace vía zoom, Lizy Peralta Mercado hizo una amplia explicación de las ilegalidades que se han cometido con el confinamiento, señalando como principal la ausencia de la Profepa y la Semarnat en la regulación del sitio, lo cual supondría, de entrada, su clausura, restauración y luego, su entrega al Comité de Bienes de Coapan.
Agregó que el único permiso oficial que se ha encontrado en los diversos juicios que se han tramitado contra el relleno data de 1995 y fue firmado por la Secretaría del Medio Ambiente estatal -en el gobierno de Manuel Bartlett Díaz- y la Semarnat, pero especificaba claramente que la vigencia de anuencia para el basurero era sólo por un año.
El problema, abundó la letrada, no solo es la carencia de permisos de funcionamiento por casi tres décadas, sino que el relleno que desde el discurso oficial solo recibe residuos sólidos urbanos también sirve para desechos tóxicos de la industria maquiladora de la región, lo cual contribuye a enfermedades de la gente y a la contaminación de los mantos freáticos.
Presente en la conferencia, el párroco de Santa María Coapan, Adolfo Torres Hernández, aseguró que “muchos” de los feligreses en esa zona sufren de cáncer en los pulmones, el hígado y también padecimientos del corazón y gangrena.
Lizy Peralta Mercado añadió que otra ilegalidad es que, con el aliento del ayuntamiento de Tehuacán y de las diferentes presidencias auxiliares que en estos 28 años ha tenido Coapan, el relleno se ha extendido 18 hectáreas, invadiendo la Reserva de la Biósfera Tehuacán-Cuicatlán, la cual es un Área Natural Protegida.
Por todas estas anomalías, abundó la también activista, se han tramitado amparos y otros recursos legales demandando que la Semarnat y la Profepa asuman su responsabilidad y clausuren el relleno que ayer cumplió 7 días con un incendio.
Amparos
Por su parte, José Diego Octavio Olivarez Vázquez, presidente del Comité de Bienes del Pueblo y Vigilancia de Santa María de la Asunción Coapan, explicó que en los juicios de garantías se demanda al ayuntamiento de Tehuacán su incumplimiento en el cierre del relleno, por el modo en que operó, así como por no prestar el servicio de recolección de basura a la comunidad.
A la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se le pidió la presentación de la “única autorización pública en materia de evaluación de impacto ambiental”.
El Comité de Bienes también señala en lo amparos a la Dirección del Área Natural Protegida la Reserva de la Biósfera Tehuacán-Cuicatlán y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por “su omisión de cuidado, protección y vigilancia” del sitio.
“Exigimos además que (el edil de Tehuacán) Pedro Tepole cumpla con sus obligaciones y sofoque el incendio que está haciendo arder la basura desde el pasado viernes 6 de mayo y no se quiera posesionar ilegalmente el gobierno municipal de Tehuacán, en complicidad con el gobierno auxiliar de Santa María Coapan, para volver a depositar la basura en el territorio que administramos nosotros”, dijo el representante.
Usurpaciones
En la conferencia de prensa de este jueves, los indígenas también denunciaron que desde hace varias administraciones, los alcaldes subalternos de la junta auxiliar de Coapan han querido usurpar las funciones del Comité de Bienes del Pueblo y Vigilancia, que es una figura independiente y autónoma de la autoridad, reconocida en la garantía de respeto a los usos y costumbres de los pueblos que confiere el artículo segundo constitucional.
La abogada Soledad Nicolás Gutiérrez, de la parroquia de La Asunción, explicó que se tramitó el amparo 639/2022-VII-2 contra la presidencia auxiliar de Santa María ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa, de Trabajo y de Juicios Federales en el estado de Puebla, el cual suspendió todas las acciones emprendidas por la alcaldía subalterna, entre ellas, el desconocimiento del comité y una pretendida fiscalización a sus cuentas.