Los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y del Izta-Popo se declararon en alerta máxima y solicitaron la ayuda del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), del Congreso Nacional Indígena (CNI) y del Concejo Indígena de Gobierno para frenar la represión y el despojo de las instalaciones del Altepelmecalli, la Casa del Pueblo, donde antes estaba la planta Bonafont.
Exigieron el retiro de las fuerzas armadas y la devolución de las instalaciones a los pueblos.
A través de una carta pública, convocaron a todos los pueblos, a las organizaciones hermanas, a las organizaciones de derechos humanos, a los medios de comunicación y a los compañeros que han caminado con las comunidades cholultecas a sumarse a la exigencia y a estar atentos ante la inminente persecución.
Denunciaron que la madrugada de este martes la Guardia Nacional, granaderos y la Policía Estatal invadieron las instalaciones de la embotelladora, para desalojarlos del edificio.
Acusaron que, con desmedida presencia de las fuerzas públicas, los tres niveles de gobierno reprimieron a los pueblos que desde hace un año cerraron la planta, propiedad de la transnacional Grupo Danone.
Los lugareños señalaron que Bonafont es una empresa criminal que robó millones de litros de agua diariamente en la región, secando los pozos, ríos y ameyales.
Tras expulsar a la embotelladora, relataron que los pueblos construyeron vida sobre sus ruinas, con proyectos de salud, educación, comunicación, agricultura, ganadería, justicia y cooperativas.
“Ahora el gobierno responde por los intereses de esta empresa y facilita que el despojo de agua reinicie. Por eso, denunciamos que reprimen a los pueblos y protegen al capital. Para ellos, el dinero está por encima de la vida”, condenaron.