Para la presidente de la mesa directiva del Congreso de Puebla, Nora Merino Escamilla, no es grave que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) juzgue inconstitucionales reformas y leyes aprobadas por el Poder Legislativo del que forma parte.
Además, negó que el Congreso, que es dominado por una mayoría de Morena con la que ella simpatiza, esté incurriendo en violaciones a “algún derecho”, pese a que el grueso de los fallos en contra surgieron por acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
La última sentencia de la SCJN se dictó el lunes pasado e invalidó una reforma al Código Penal aprobada en septiembre de 2019, en materia de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares que invadió la esfera de competencia del Congreso de la Unión.
La CNDH impugnó la modificación ante el máximo tribunal de justicia del país, por violar el derecho a la seguridad jurídica y el principio de igualdad.
“No veo ningún problema. No está diciendo que hicimos algo malo o que estamos teniendo alguna violación a algún derecho o que estamos teniendo un camino equivocado, lo que está diciendo es que no es nuestra competencia”, argumentó Nora Merino al ser cuestionada sobre el tema en una conferencia de medios en línea.
Agregó que el Congreso acatará la decisión de la Corte y los diputados serán “mucho más específicos y cuidadosos” a la hora de legislar.
Suma 10 sentencias contra decisiones del Congreso
La decisión de la SCJN de anular la reforma en materia de desaparición forzada es la décima sentencia que emite el máximo tribunal constitucional del país contra el trabajo realizado por la LX Legislatura, según un recuento de La Jornada de Oriente.
La Corte también invalidó, en siete fallos distintos, “cobros excesivos y desproporcionales” que el Congreso autorizó a múltiples municipios por la entrega de información pública en medios magnéticos, dando la razón a la CNDH.
A esos juicios se suman otros dos promovidos por la CNDH contra el cobro de un derecho por el servicio de alumbrado público que el Congreso local permitió a 75 municipios en la aprobación de las leyes de ingresos 2020 de esos ayuntamientos.