La mina a cielo abierto en Ixtacamaxtitlán tiene candidato. El postulante a diputado en el Congreso local, Enrique Rivera Reyes es identificado por la población por la promoción que ha hecho a la minera Gorrión, filial de Almaden Minerals.
Abanderado por la coalición Va Por Puebla (PAN-PRI-PRD), el aspirante Rivera Reyes recientemente promovió el juicio de amparo 321/2021 contra la orden de aprehensión en su contra ante las denuncias penales que enfrenta de la Auditoría Superior del Estado (ASE) por el desvío de recursos cuando ocupó la presidencia municipal de Chignahuapan (2014–2018). También es señalado por ciudadanos de defender el proyecto de muerte en la región que sufre sequía y pobreza extrema.
En entrevista con este medio, pobladores acusaron la cercanía que tiene Rivera Reyes con la empresa canadiense Almaden Minerals que prevé ganancias netas por 6 mil 200 millones de pesos de la extracción de oro y plata de una mina a cielo abierto en Ixtacamaxtitlán.
El momento más evidente, según narraron, fue en junio de 2019 durante una reunión pública de información sobre el proyecto minero que fue celebrada en el auditorio de la comunidad de Santa María Zotoltepec, en el Ixtacamaxtitlán, organizada por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Pobladores del municipio denunciaron que la pretendida “reunión pública de información” –mecanismo obligado por ley para presentar proyectos de obras o actividades que puedan generar desequilibrios ecológicos graves, daños en la salud pública o a los ecosistemas– fue en realidad un evento propagandístico a la minera canadiense, pues se registró manipulación, gente acarreada y propaganda descarada a favor de la minera a cielo abierto.
Precisaron que a la reunión, que había convocado fundamentalmente a habitantes afectados por el proyecto, también llegaron por carretera cientos de autobuses con personas “acarreadas”, algunos de ellas trabajadores de la minera, pero la mayoría eran pobladores de Chignahuapan y Veracruz, ataviados con camisetas y gorras con el logo de la empresa.
“Fue impresionante la movilización de cientos de personas. Era una propaganda humana. La gente no sabía a qué iba ni qué era lo que se discutía, sólo cumplía la consigna de aplaudir a los empresarios mineros”, asentaron pobladores.
La gente “acarreada” proveniente de Chignahuapan era militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), precisaron los habitantes de Ixtacamaxtitlán, y además pertenecía al grupo político de “los Rivera”, familia que mantiene un férreo control del territorio no solo local sino regional, pues su influencia alcanzaría 15 o 16 municipios de la región.
La familia de Enrique Rivera Reyes ejerce un fuerte cacicazgo en la región, heredado por su abuelo Lorenzo Rivera Castillo, quien fue presidente municipal de Chignahuapan, igual que Saúl Rivera y Lorenzo Rivera; este último además de ocupar el cargo de presidente de Obras de Chignahuapan, fue presidente auxiliar municipal de San Antonio Matlahuacales, edil de Chignahuapan, además de diputado local en la LV Legislatura, cargo que repitió en la LVII Legislatura además de ser delegado de la Sedatu.
El cacicazgo por generaciones en la Sierra Norte no solo se circunscribe a Chignahuapan y sus alrededores, según entrevistados; se extiende a Tetela de Ocampo, Cuautempan, Aquixtla, Ahuazotepec; incluso a Veracruz, particularmente en el municipio de Perote.
“Ellos (la familia Rivera), tienen múltiples negocios, pero sobre todo son terratenientes de zonas boscosas, tienen mucha influencia en los políticos locales y financian candidatos de la región”, coincidieron vecinos.
Citaron el caso de Ixtacamaxtitlán con el presidente municipal Eleasar Hernández Arrollo, quien contó con el apoyo de Rivera. Explicaron que durante su administración que duró cuatro años y medio, las plazas de director de obra y tesorero fueron para originarios de Chignahuapan.
El proyecto minero, en pausa
En diciembre de 2020 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) rechazó el proyecto de la minera canadiense Almaden Minerals para abrir una mina de oro y plata a cielo abierto en la Sierra Norte de Puebla. El resolutivo en el que deniega la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) parte de la insuficiente información acerca de los impactos sobre el medio ambiente del proyecto de mina a cielo abierto.
Meses después, la minera Almaden Minerals en su comunicado informó que estaría analizando presentar una nueva MIA con el fin de reactivar el proyecto en un corto periodo de tiempo. A través de la subsidiaria Minera Gorrión, elaborará una nueva propuesta para poder realizar los trabajos de explotación.
El comunicado señaló que el proyecto que presentaron para la extracción en la mina de Ixtacamaxtitlán cuenta con una “solidez técnica y ambiental”, por lo que incluso reiteraron que se trata de una “empresa comprometida con el bienestar social” y natural de la región, esto a pesar de la oposición de organizaciones y vecinos de la zona.
Las organizaciones Poder, el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (Cesder), el Consejo Tiyat Tali, Fundar, además de académicos y ambientalistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), han señalado la depredación que una mina a cielo abierto ocasionaría en la región, de acuerdo con el estudio Industria Extractiva en Puebla: Panorama del Sector Minero.
Entre las muchas contradicciones y errores de la MIA destaca la imposibilidad de garantizar que una mina que requiere de 5 millones de litros de agua diarios pueda abastecerse solo con la lluvia.
Clase política de la región, a favor de la minera: PT
Rafael Ramírez, miembro de la Dirección Estatal del Partido del Trabajo (PT), refirió que ninguna autoridad ha dado respuesta a la lucha del pueblo de Ixtacamaxtitlán contra la minera que pretende instalar los trabajos de explotación en la zona, lo que perfila los intereses de la clase política emanada del PRI de la región.
Las peores prácticas políticas se manifiestan en esta zona, dijo Ramírez, al citar que este fin de semana el PT denunció y condenó la violación de todas las leyes electorales que cometen el ayuntamiento de Ixtacamaxtitlán y el alcalde, Víctor Herrera, quienes usan el aparato gubernamental para comprar votos, con la entrega de calentadores solares, cuando cualquier entrega de apoyos no está permitida por veda electoral.
El PT documentó la compra de votos que desde el Palacio Municipal de Ixtacamaxtitlán se concretó para favorecer al candidato a la alcaldía de esa fuerza política, Cipriano Vázquez Carmona. Ante medios de comunicación se expusieron las notas del contralor municipal del ayuntamiento que encabeza el priista Víctor Herrera Pozos, compra que debía descargarse en el auditorio de la alcaldía y debía reportarse a la regidora María Eugenia Vázquez.
“No es la primera vez que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el gobierno municipal de Ixtacamaxtitlán incurren en irregularidades de estas características”, dijo Ramírez.
El miembro de la Dirección Estatal del PT llamó a aspirantes que busquen llegar al cargo, comprometerse con el medio ambiente en la región, pronunciarse contra el cacicazgo político y empresarial que aqueja a la Sierra Norte pero sobre todo, respaldar la lucha legítima del pueblo.