En vísperas de cumplir dos años como grupo mayoritario del Congreso de Puebla, los diputados de Morena suman 14 acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de las cuales 13 han sido promovidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por aprobar leyes y reformas que violentan la dignidad humana.
La cifra duplica el número de juicios interpuestos en la legislatura pasada y en los siete ya resueltos, el máximo tribunal de justicia en el país dio la razón a la CNDH.
Para el coordinador de la licenciatura en Derecho de la Universidad Iberoamericana Puebla, Simón Alejandro Hernández León, el número de litigios evidencia la “calidad legislativa” de los diputados en funciones y, en el caso de Morena, una plataforma electoral “fraudulenta”, pues recordó que dos de las acciones se motivan en la negativa de esa bancada a legislar sobre un tema que defiende el partido a nivel nacional: los matrimonios igualitarios.
En tanto, la diputada del PRI Rocío García Olmedo, quien suma más de 10 años de labor parlamentaria a lo largo de su carrera política, consideró que la estadística confirma lo que ha señalado en tribuna sesión tras sesión: que Morena legisla violentando la ley por negarse a reconocer errores.
El Congreso de Puebla, que preside el líder de los diputados de Morena Gabriel Biestro Medinilla, se negó a emitir una opinión sobre el tema.
Congreso recibirá dos fallos más en contra, asegura especialista
Una revisión de La Jornada de Oriente en el archivo digital de la SCJN mostró que la CNDH, que encabeza María del Rosario Piedra Ibarra, impugnó leyes de ingresos de múltiples municipios debido a que el Congreso les autorizó “cobros excesivos y desproporcionales” por la entrega de información pública en medios magnéticos.
El órgano defensor de los derechos humanos de México promovió siete acciones de inconstitucionalidad por esa razón, de las que derivaron los fallos en contra del Poder Legislativo, en los que se anularon las porciones normativas ilegales.
Las siete acciones restantes se encuentran a la espera de una sentencia y por lo menos dos terminarán asestando un nuevo revés jurídico al Congreso, de acuerdo con Hernández León, debido a que éstas refutan el concepto tradicional de matrimonio que los diputados insistieron en mantener en el Código Civil de Puebla pese a su inconstitucionalidad.
La reforma impugnada por la CNDH y la Comisión de Derechos Humanos del estado (CDH) se aprobó en octubre de 2019 y definió el matrimonio como un contrato civil en el que participan “un solo hombre y una sola mujer”.
El directivo de la Ibero Puebla y maestro en derechos humanos calificó de “poco sensible y poco responsable” que el Poder Legislativo insistiera en contradecir un tema “que constitucionalmente ha sido superado” en el país, donde la SCJN ha determinado que no existe razón para desconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Aseguró que el error cometido por los representantes populares es mayor puesto que la corte, cabeza del Poder Judicial de la Federación, determinó desde 2017 que esa porción normativa del código civil poblano es inconstitucional.
Sobre los diputados de Morena, indicó que el tema dejó al descubierto “poca congruencia”, ya que terminaron por promover una norma que va en contra de los principios y la plataforma que apoyaron sus electores. “Incurrieron en una especie de fraude que solo puede ser sancionado en las urnas, en un proceso electoral posterior”.
¿Quiénes son los responsables?
Con 22 de los 41 diputados del Congreso bajo su control, Morena domina ese poder del Estado desde el 15 de septiembre de 2018, fecha en la que dio inicio la LX Legislatura. El partido de izquierda, bajo la coordinación de Gabriel Biestro, tiene la mayoría en el grueso de las comisiones y en el pleno, por lo que de esa bancada depende la elaboración de los dictámenes y todas las leyes, decretos y acuerdos que son aprobados.
Regeneración Nacional también tiene el control de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, de Estudios y de Proyectos Legislativos, responsable de coadyuvar con las comisiones y comités en la elaboración de los dictámenes, así como de asesorar a los diputados, puesto que el titular del área surge como una propuesta del partido de izquierda.
Hernández León, quien ha colaborado en diversas organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, aseguró que esa área administrativa del Poder Legislativo es corresponsable en el acumulado de 14 acciones de inconstitucionalidad.
Expuso que los legisladores no son necesariamente expertos en la materia, por lo que cuentan con asesores dentro que deben evitar de manera anticipada un problema de inconstitucionalidad. Las cifras del Congreso poblano ante la SCJN, prosiguió, exhiben que se requiere profundizar en la labor que desempeñan esas áreas para que sean más profesionales en el análisis legislativo.
“No le podría echar la culpa a un equipo jurídico”, manifestó Rocío García Olmedo. Y argumentó: “Tal vez les pasa a ellos lo que nos pasa a nosotros cuando proponemos corregir errores y (los diputados de Morena) no lo permiten. Imagínate a un empleado de ellos, si les dice (que tienen errores) hasta lo corren. Realmente no lo sé, pero se podría suponer eso”.
Es el Congreso con más yerros, acusa el PRI
Como ejemplo de la conducción de Morena, García Olmedo recordó un incidente acontecido en sesión del Congreso del 14 de mayo pasado, en la que los representantes populares reformaron la Ley Orgánica del Poder Legislativo para incorporar las sesiones en línea, con el fin de realizarlas durante la pandemia de coronavirus.
La mayoría que lidera Morena determinó que ese tipo de encuentros se aprobarán por la “mayoría simple” de los diputados, pero la priista alertó que ese concepto no existe en el marco normativo que regula sus actividades, el cual sólo contempla la “mayoría absoluta, mayoría calificada y mayoría relativa”.
Antes de la votación, García Olmedo pidió corregir la contradicción para evitar problemas de certeza jurídica, pero la bancada de Morena y sus fracciones aliadas de los partidos del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES) se negaron a hacer cambios sin ofrecer argumentos.
Tras la aprobación de la reforma, el vicecoordinador de la bancada del PRI, Javier Casique Zárate, reclamó en tribuna: “¡Qué manera de legislar! Estamos haciendo historia como la legislatura que más yerros ha cometido. Hacen las cosas de las que antes se quejaban, al actuar como una mayoría aplastante”.
Aunque no existe una estadística que permita confirmar si la LX Legislatura (2018–2021) es la que ha incurrido en más errores a la hora de cumplir con sus funciones, el archivo de la SCJN sí permite hacer un comparativo entre ésta y la que le antecedió en materia de acciones de inconstitucionalidad.
De acuerdo con ese cotejo, los 14 juicios que se han acumulado en los últimos dos años superan los 13 que se interpusieron en toda la LIX Legislatura (2014–2018), en la que hubo una mayoría encabezada por el PAN, con la diferencia de que este último periodo tuvo una duración de cuatro años y ocho meses, es decir, mientras en la actual legislatura se han promovido siete acciones de inconstitucionalidad al año, en la anterior fueron tres.
“Es muy preocupante que se tengan esos números en el Congreso de Puebla, porque esos números descalifican la manera de legislar y eso es muy lamentable. Me da mucha tristeza que esta legislatura tenga este comportamiento”, concluyó Rocío García Olmedo.