El gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas sí es responsable directo del linchamiento de dos encuestadores en Ajalpan, no solamente por la negativa de prestar auxilio oportuno al ayuntamiento de esa comunidad para contener a la turba que sacó de la cárcel local a los jóvenes hermanos Abraham y Rey David Copado Molina, para ser acuchillados e incinerados, sino porque a lo largo de los últimos cuatro años se ha desmantelado el aparato de seguridad pública, de procuración de justicia y se ha debilitado a las policías municipales por órdenes del titular del Poder Ejecutivo.
La violencia irracional que se vivió hace tres días en Ajalpan no es un caso aislado, sino de diferentes formas se ha observado este año en por lo menos 20 municipios del estado, en donde han existido intentos de linchamientos, asesinatos de presuntos delincuentes por justicia propia de los pobladores y agresiones contra alcaldes, regidores y agentes de seguridad pública.
Todo ello es consecuencia de una histeria colectiva de la población en la cual domina la idea –con sobrada y justificada razón– de que si la gente no se hace justicia por su propia mano nadie hará justicia por los ciudadanos que sufren los embates de la delincuencia.
Ese sentimiento es resultado de la decisión de Moreno Valle de mandar a cerrar agencias del Ministerio Público, de reducir drásticamente el número de policías ministeriales y preventivos, y sobre todo, por marginar el desarrollo y profesionalización de las policías municipales. Todo por el afán del gobernador de reducir los gastos corrientes y dirigir los recursos públicos a financiar actividades políticas en torno a su proyecto personal de ser candidato presidencial en 2018.
Veamos los siguientes datos recabados con algunos alcaldes:
Mandar a los agentes de seguridad pública de los municipios a ser capacitados en la Academia de Policía Ignacio Zaragoza, que creó Moreno Valle en el actual sexenio, cuesta por cada uniformado unos 2 mil 500 pesos quincenales, cuando en otros estados es de alrededor de mil 200 pesos quincenales.
Con esos costos resulta inviable para muchos ayuntamientos –pobres en recursos públicos– solventar la capacitación de sus agentes de seguridad pública.
De cada 10 agentes de las policías municipales que son enviados al Consejo Estatal de Seguridad Pública para que presenten los exámenes de confianza, en promedio reprueban entre 8 y 9.
Esa situación no es resultado de que sean malos elementos, ya que muchos de los uniformados que son reprobados en Puebla, incluidos algunos mandos, se van a otros estados y ahí pasan los exámenes de control de confianza.
Esa situación es consecuencia de que en Puebla se dio la orden de reprobar a la mayoría de los solicitantes de dicha evaluación, como una manera de debilitar a las policías de los municipios, con el propósito de que los alcaldes acepten el mando único que agrupe a todos los cuerpos policíacos desde el Ejecutivo.
Y sobre todo que se obligue a los alcaldes a contratar a empresas privadas, que están ligadas a Facundo Rosas –el secretario de Seguridad Pública que se fue de Puebla cuando a su gente la pillaron dando protección a las bandas dedicadas al robo de combustible–, para que se hagan cargo de la modernización, capacitación y control de las Policías municipales.
Por eso en muchos municipios no hay agentes suficientes, mismos que a su vez no están adiestrados para saber cómo actuar ante hechos de violencia o delictivos que sean superiores a perseguir un delito menor del fuero común.
Y en algunos lugares de plano ni los pequeños delitos son atendidos. En diferentes regiones de la Sierra Norte cuando caen ladrones de ganado o de casas habitación, la gente prefiere darles una paliza que entregarlos a la autoridad, porque resulta que no hay dónde presentarlos, por el cierre de agencias del Ministerio Público o la escasez de agentes de la Policía Ministerial. Por eso muchas partes de la entidad se han convertido en tierra de nadie. Gracias a la austeridad presupuestal del morenovallismo.
Ante tal escenario resulta creíble la versión que ofreció el alcalde de Ajalpan, Gustavo Lara Torres, en el sentido de que el día de los linchamientos, desde las 19 horas, pidió ayuda a la Secretaría General de Gobierno y ésta nunca mandó a la Policía Estatal, pues los uniformados llegaron hasta que ya no había nada que rescatar, ni a los encuestadores ni el Palacio Municipal que acabó en llamas, junto con vehículos oficiales y otros bienes públicos.
Esa indolencia del gobierno de Moreno Valle no solo se ha registrado en Ajalpan, sino también en otros municipios.
El pasado 19 de septiembre el edil de Chietla, Edgardo Ponce Cortés, pidió ayuda al gobierno del estado y municipios vecinos para frenar una turba que destruyó la alcaldía y varios vehículos oficiales, sin nunca recibir algún tipo de apoyo.
Ponce Cortés creyó que comunicarse con algunos alcaldes de la zona metropolitana de la ciudad de Puebla le iba ayudar para que su mensaje de socorro fuera atendido en el Poder Ejecutivo, lo cual no sucedió. De nada sirvió que algunos ediles le prestaran auxilio haciendo llamadas al gobierno del estado.
Pobladores de Chietla se desquitaron contra el ayuntamiento por el cobarde asesinato de una comerciante octogenaria llamada Alberta Cortázar de Torijano, pues fue la única manera que encontraron para desagraviarse frente a una delincuencia que azota por igual a pobres y a ricos, a mujeres que hombres, a ancianos y menores de edad.
Y todo esto pasa porque a Rafael Moreno Valle Rosas sólo le interesan los reflectores de la política nacional y embellecer algunas zonas de la ciudad de Puebla, y se olvida del estado que le tocó gobernar.